- FCC reclama 150 millones de dólares por un canal anexo en el Pacífico. La obra acumula ya dos años de retraso.
- Y Vinci asegura que el puente por el que licitó -sobre el Canal, en el Atlántico- no es viable.
- El Gobierno a Rajoy apoya a Sacyr pero le reprochan el ultimátum.
- Manuel Manrique se pasó buena parte del mes de diciembre en el país centroamericano.
- Ahora ha vuelto y está dispuesto cumplir su amenaza si la Autoridad del Canal se niega a negociar el sobrecoste.
- El prestigio de la ACP también puede entrar en barrena si se retrasan las obras.
- El problema para llegar a un acuerdo es que Panamá ha entrado en periodo electoral.
Durante el mes de diciembre, el presidente de Sacyr, Manuel Manrique (en la imagen) se ha pasado más tiempo en Panamá que en España. Incluso realizó un viaje familiar en barco, a la zona, que aprovechó para intentar negociar el sobrecoste de la obra de ampliación del Canal, convencido de que la cantidad pactada no cubría los costes.
Cuando se percató de que la Autoridad del Canal (ACP) no estaba dispuesta a negociar, lanzó su ultimátum: reclamaba 1.600 millones de dólares más o paralizaría las obras el próximo día 21. Y ahora estamos en el lío: ¿Acuerdo o conflicto judicial
Matías Cortés, naturalmente, prefiere el conflicto, pero eso es especialmente lo que le reprochan a Sacyr en el Ministerio de Fomento: el ultimátum. No obstante, el Gobierno Rajoy apoya a Sacyr y negociará con el presidente panameño, Ricardo Martinelli. De hecho, Martinelli ha asegurado que viajará a España e Italia para 'exigir' a los dos gobiernos (el principal accionista del consorcio GUPC es la española Sacyr, con un 40% y la italiana Impreglio) que las constructoras cumplan con lo acordado. Pero no hay que preocuparse por la baladronada: lo cierto es que Martinelli está ya en campaña electoral.
Además, la protesta de Sacyr no es la única. Así, la española FCC también tiene problemas con un canal afluente, en la zona del Pacífico, presupuestado en 300 millones de dólares y cuyo coste se ha disparado hasta los 450 millones. Conclusión: la obra debió finalizarse en agosto de 2013 y ya se prevé que acumule dos años de retraso.
Más fuerte resultó lo de la primera constructora francesa, Vinci, quien aún no ha empezado la construcción de un puente sobre el Canal en la zona del Atlántico. Los estudios estaban mal proyectados y la obra es inviable. Ni se ha empezado.
Dos notas que cuestionan el buen hacer de la ACP: el orgullo de Panamá y que otorgan el beneficio de la certeza a Sacyr en sus reclamaciones.
Esto es, el Gobierno Rajoy apoya a Sacyr porque considera justas sus reclamaciones aunque le reprocha que no haya mantenido abierta la línea de negociación, en lugar de recurrir a la amenaza de paralización.
Al final, lo que está en juego, más que un negocio, más que 1.200 millones de euros, es la reputación de las empresas españolas y el del propio Gobierno panameño.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com