Al consejero delegado del Santander Central Hispano, Alfredo Sáenz, le preocupaba mucho más esta causa que la del pago en acciones por parte de Emilio Botín al equipo que reflotó Banesto. Se trata del auto dictado por la Audiencia Provincial de Barcelona por la que se sobresee el caso que hasta ahora había llevado el Juzgado número 20 de la Ciudad Condal.
La historia es muy simple: Sáenz contrata a Rafael Jiménez de Parga para intentar cobrar una deuda de una empresa en la que figuraba la familia Delclaux como principal accionista, y Jiménez de Parga no tiene mejor idea que hablar con el juez Pascual Estevill, quien, según costumbre, mete en la cárcel a los presuntos morosos (en la nevera, según su jerga) para que reflexionen.
El caso acaba, pero no el cabreo de los afectados, que denuncian a la cúpula de Banesto, encabezada por Alfredo Sáenz y José Ángel Merodio, y al propio Jiménez de Parga. Por ahora, el Juzgado número 20 de Barcelona les daba razón, pero la Audiencia se la ha quitado. El ejecutivo bancario más poderoso de España ha respirado hondo.