Salarios bajos, impuestos altos, vivienda cara

Siempre he creído que, con la llegada de Gerardo Díaz Ferrán a la Presidencia del CEOE, un rayo de inteligencia fugaz había penetrado en la Patronal española. Así, la CEOE acaba de advertir que se opone a la subida del salario mínimo interprofesional de 600 a 800 euros (brutos mensuales). Ojo, hablamos de una subida que sólo se alcanzará durante 4 años: es decir, que los 800 euros brutos mensuales -como creo haber dicho antes- por ocho horas de trabajo, no se cobrarán hasta el 31 de enero de 2012, fecha para la que la inflación supondrá no menos de un 10%... en el mejor de los casos.

Subida corta, y más justo sería que la promesa socialista alcanzara los 1.000 euros en dicha fecha, para la que queda mucho tiempo. Eso se aproximaría más al objetivo de la OCDE: que el salario mínimo interprofesional alcance el 60% del salario medio y, de paso, se equipare un poco con Europa. Por ejemplo, el salario mínimo irlandés ya es mileurista.

Digo lo de la inteligencia porque la CEOE se opone al pre-acuerdo del ministro de Trabajo de Zapatero, Jesús Caldera, con los sindicatos –de 600 a 800 euros en cuatro años- bajo la profunda alegación de que una nueva subida del FMI "repercutirá en los convenios". ¡Astutos! En la patronal han comprendido que si sube el SMI también subirá toda la escala salarial, con lo que en España podríamos alcanzar el lamentable escenario de una población que cobra salarios dignos. Y claro, así no hay manera de pergeñar una sana economía nacional. Así no hay manera de cumplir el objetivo de la CEOE: que los salarios crezcan al 3%, las rentas empresariales al 20% y las rentas especulativas del capital al 30%... por ejemplo, aunque no ejemplo teórico, porque eso es lo que hemos vivido desde 2003, cuando la bolsa salió del pozo.

La negativa de la CEO se vuelve especialmente ridícula cuando coincide con la advertencia de la OCDE de que España es el país del club –los 23 más avanzados del planeta- que más ha subido la presión fiscal durante el último quinquenio.

Por tanto, parecería más lógico que la batalla de los empresarios consistiera en reducir la presión fiscal, especialmente la presión de las cuotas sociales –que deben irse gradualmente compensando con impuestos indirectos-, y otos impuestos laborales, y no en regatear el salario a los trabajadores que menos cobran.

Y la culpa de que el Estado acogote fiscalmente a los ciudadanos la tienen tanto el PP como el PSOE. Ahí tienen; un asunto de consenso nacional sin el menor asomo de discrepancia. Para cobrarle al ciudadano, PP PSOE se ponen de acuerdo en un pis-pas. La esperanza electoral del PP, el alcalde Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, se ha financiado sus obras faraónicas en Madrid –parte de su campaña electoral personal para alcanzar la Presidencia del Gobierno- con un subidón del IBI, el impuesto municipal más importante. Ni el PP ni el PSOE han bajado ni los impuestos directos ni los indirectos, y no han dejado de subir tasas, peajes, sanciones y multas. Por ejemplo, toda la política de seguridad en el tráfico, -"cacería del ciudadano", como la definió un ciudadano anónimo entrevistado en TV- no pretende salvar vidas sino recaudar, sea para la Hacienda pública o para los municipios. La política fiscal en España comienza a rozar lo confiscatorio.

Además: no se puede hablar de ciudadanos libres en un país como España en el que el Estado controla más del 40% del PIB. Y es curioso, que la cada día más insoportable represión fiscal, producto del consenso entre todos los partidos políticos –que viven de los impuestos de los ciudadanos- no tengan sitio en el catálogo de protestas de la ciudadanía o en el casi examen que esos ciudadanos realizan a los políticos en época electoral.

Dice la CEOE que prefiere esperar a negociar el SMI después de las elecciones generales de 2008, suponemos que esperando la victoria del Partido Popular, quien subió el SMI conforme a la predicción de inflación, siempre incumplida. Es decir, un golpe a los impecunes.

En definitiva, la política económica, tanto del PP como del PSOE, con ligeras variantes, sigue siendo la misma: salarios bajos, impuestos altos, vivienda cara. Eso sí, el déficit público marcha de cine, ergo, la economía española marcha de cine. Lo único que no marcha es la economía de muchos españoles, pero esa afirmación me sitúa fuera del consenso democrático. Lo siento de veras.

Eulogio López