No diez, sino catorce años lleva abierto el caso de las cesiones de crédito, tras la tenaz lucha de Teresa Palacios por conseguir terminar un sumario mastodóntico, en el que ha tenido que luchar contra un enemigo que estaba delante y otro que estaba detrás: contra sus compañeros jueces, contra los fiscales, contra el abogado del damnificado, contra los abogados de Botín y contra los medios informativos.
El juicio ni tan siquiera ha llegado a producirse. En la vista previa, el juez Javier Gómez Bermúdez, presidente del Tribunal, y sus dos acompañantes, decidieron archivar el caso. Es decir, una juez trabaja durante 14 años para escribir un sumario a que un Tribunal acaba de dar carpetazo en un par de sesiones. Ahora, sólo queda el recurso de casación ante el Supremo. La vergüenza nacional se demuestra cuando muchos titulares de cesiones de crédito están siendo sometidos a vistas en juzgados de toda España (ver Enormes Minucias), donde los fiscales les acusan de haber defraudado a la Hacienda pública, mientras sus hermanos mayores de la Audiencia Nacional hacen justamente lo contrario.
Al final, después de tantos años, la pregunta continúa siendo la misma: ¿defraudó a Hacienda el Santander? La pregunta, hasta para muchos de los partidarios del sobreseimiento es un sí con mayúscula. ¿Entonces?