El clamor social en favor de una modificación de la normativa sobre desahucios, con la necesidad de preservar el equilibrio entre las consecuencias de un grave problema social y los derechos de las entidades bancarias, fue expresado por múltiples instancias.
Recordemos que la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal pidió, en su última reunión, que se buscaran soluciones justas que permitieran a las familias que estaban amenazadas de desahucio hacer frente a sus deudas sin tener que verse en la calle. Éste sería, decían los obispos, un signo de esperanza en medio de la crisis.
No obstante, estamos sólo ante un primer paso. Sólo hay soluciones para los casos más extremos. El decreto ley puede ser mejorado. Y con tiempo y sosiego es necesaria una modificación de regulación hipotecaria que compatibilice seguridad jurídica y financiera con justicia social.
Jesús D Mez Madrid