La coincidencia en el tiempo del inicio de la campaña de la Iglesia sobre la asignación tributaria con una cascada de informaciones sobre el IBI de los edificios eclesiásticos y otros impuestos de procedencia municipal, como se promovió hace dos años, es más que una sospechosa casualidad.
El empeño de algunas asociaciones como Europa laica, por llevar adelante una campaña de firmas para que se elimine la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a los edificios de la Iglesia y de las confesiones religiosas de notable arraigo, va más allá de la discusión técnica sobre el sistema impositivo a las instituciones que realizan un beneficio directo a la sociedad. Ésta exención afecta, por cierto, a Fundaciones, ONG´s y todo tipo de instituciones sin ánimo de lucro.
Esa campaña se inscribía en un proceso social que pretende relacionar permanentemente a la Iglesia con un sistema de privilegios. Pretende sembrar la sospecha de que la Iglesia es una institución que no participa con las mismas reglas de juego que el resto de las organizaciones y que reivindica una serie de derechos de dudosa procedencia y de más dudoso cumplimiento.
A este debate le sobra demagogia y falsedad, y le falta información técnica, jurídica e histórica. La acción educativa, cultural, de caridad y vertebración social que lleva a cabo la Iglesia Católica, redunda en un bien para toda la sociedad.
Un Estado sanamente laico entiende todo esto, y por eso favorece el desarrollo de realidades como la Iglesia, que contribuyen a conseguir una sociedad viva, rica y plural.
Enric Barrull Casals