El art. 67 del aprobado Estatuto del Funcionario Público habilita a las distintas administraciones a que en casos extraordinarios puedan pactar las prejubilaciones de sus funcionarios. Todo un puñetazo en la mesa de Sevilla que deja a Solbes a los pies de los caballos. Definitivamente, el vicepresidente económico, no manda nada

Con gran satisfacción presentaba Jordi Sevilla al mediodía de este viernes el Estatuto del funcionario público. Se trata de modernizar y hacer más eficiente la administración pública para mejorar el servicio de los ciudadanos. Un discurso un tanto vacío que viene a significar una cosa y la contraria. Ni la vicepresidenta De la Vega, presente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ni Sevilla han hablado esta vez en público de rejuvenecimiento, aunque la cosa estaba en el proyecto.

En efecto, posteriormente, en los pasillos, Sevilla reconoce que el Estatuto aprobado por el Consejo de Ministros abre la puerta a la prejubilaciones de los funcionarios. Lo dice con una sonrisa en la boca, como la de quien ha ganado un complicado pulso y se muestra satisfecho. En concreto, el artículo 67 del aprobado estatuto señala que con carácter excepcional, la planificación de recursos humanos, en condiciones excepcionales podrá permitir la jubilación voluntaria anticipada de los empleados públicos.

Lo dice de tapadillo, para no tocar demasiado las narices al vicepresidente. Y también con cautela, sólo en condiciones especiales, aunque él sabe muy bien que cuando se abre la puerta, lo normal es que la gente termine por entrar. ¿A partir de qué edad se podrá aplicar? ¿Cuántos funcionarios se pueden ver afectados? Sevilla no contesta a ninguna de estas dos preguntas, porque recuerda que se trata de una mera posibilidad establecida en el estatuto del funcionario.

A partir de ahora toca negociar con los representantes de los sindicatos. Y desde luego, si la cuantía es suficiente, agarraran la puerta para largarse. Una verdadera sangría para la Seguridad Social. Ahora toca negociar con los sindicatos el quiñen, los cuántos y por cuánto. Pero a juzgar por los 4.000 despidos pactados en RTVE, todo se puede solucionar a golpe de chequera. Si a estos 4.000 le sumamos los rumoreados 25.000 funcionarios que podrían irse a su casa con la puerta Sevilla, el coste para la Seguridad Social sería elevadísimo.

Una irresponsabilidad cuando el ministro de Justicia, Jesús Caldera, se deja las cejas para tratar de evitar las prejubilaciones, un verdadero cáncer para la Seguridad Social. El problema es que el fondo de reserva existe. Y eso es una tentación irresistible para meter mano. Pero conviene recordar que el mismo ministerio de Trabajo fecha en el 2020 el momento en el que la Seguridad Social comenzará a arrojar números rojos. En resumen. Toda una irresponsabilidad de Sevilla para darse el gusto de ganar el pulso a Solbes y poder vender el rejuvenecimiento de las plantillas funcionariales. El gobierno ha firmado este viernes la posibilidad de quemar bibliotecas enteras y se encuentra en plena falla. Lástima.