El aval de dos jueces al acoso a los políticos del PP ha abierto un escenario alarmante y excepcional.
El argumento de que los escraches en los domicilios son legítimos y que el derecho a la intimidad se diluye porque también se benefician de su condición de gobernantes retrata a los populares como ciudadanos de segunda.
Afortunadamente, ya hay voces discrepantes. Magistrados que se atienen a la razón jurídica y a la defensa de los derechos fundamentales de todos sin atender a colores políticos.
JD Mez Madrid