No hay prisas para la reforma fiscal. Antes de las elecciones, el PSOE aseguraba que no podía detallar las reformas porque carecía de datos. Ahora Solbes viene a decir lo mismo: primero hay que conocer la realidad y después acometer una simplificación que no dañe la suficiencia financiera. Pero no parece prioridad. Tampoco parece que se avance hacia la académica propuesta del tipo único realizada por el actual ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

 

Las prioridades de Solbes se fijarán en la lucha contra el fraude. El vicepresidente tiene la "impresión" de que la Agencia Tributaria no asumió la lucha contra el fraude como una prioridad y que, por tanto, existe "margen de trabajo" en ese sentido. Afirma Solbes que, en una sociedad compleja, "la lucha contra el fraude tiene que tecnificarse mucho". Casualmente, la misma argumentación utilizada en periodo pre-electoral por el presidente de la Asociación de Inspectores Fiscales, Ignacio Fadón, cuando afirmó que "no existía voluntad política para luchar contra el fraude sofisticado".

 

El problema es que el fraude se combate con voluntad política, además de sofisticación. Y, de momento, dicha voluntad es una incógnita. Las pymes y las microempresas defraudan porque resulta demasiado sencillo. En el caso de las que cotizan por módulos porque es el propio sistema el que desincentiva para la llevanza de una administración profesional. Pero, en el caso de las grandes empresas, hay evidente sofisticación envuelta en la eufemística planificación fiscal, que no es sino el aprovechamiento de las capacidades legales para referenciar los negocios en lugares más benignos para la fiscalidad. Los dos grandes bancos españoles, SCH y BBVA, por ejemplo, tienen referenciado gran parte de su negocio en paraísos fiscales. ¿Se atreverá Solbes a meter mano al gran capital?