La jueza de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, rechazó en providencia del pasado 3 de junio la petición de nulidad formulada por los abogados del presidente del SCH, Emilio Botín, en el juicio sobre las famosas indemnizaciones millonarias que llevaron a la magistrada de la Audiencia Nacional a declarar la apertura de juicio oral.

 

La defensa de Botín argumenta que la acusación de Rafael Pérez Escolar y Juan Francisco Franco era nula. Según su razonamiento, ambos no actuaron como damnificados al solicitar el resarcimiento para la entidad bancaria de la que son accionistas. Por ello, al no existir acusación válida, los letrados entienden que el acto de la juez es nulo de pleno derecho.

 

Los letrados insisten en que la apertura del juicio oral "es fruto de un error patente". Lo califican de "manifiestamente irrazonable" y concluyen que "careciendo de todo soporte legal, resulta arbitrario". Vamos, el mejor argumentario para ablandar el corazón de la juez. Por su parte, la titular del juzgado, Teresa Palacios, entiende  que "no ha lugar" a tal requerimiento, ya que la cuestión argumentada no se encuentra en ninguno de los supuestos de nulidad de las actuaciones contemplado en el artículo 240 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 

La providencia también aprovecha para negar la exigencia de los abogados de Amusátegui de que la acusación depositara de manera solidaria 5.609.570 euros. "No ha lugar a la exigencia de caución", concluye la jueza.