Publicamos este lunes un resumen del escrito de defensa presentado en la mañana de este mismo 22 de septiembre.

En él quedan claras las irregularidades seguidas en el proceso contra el juez Calamita. Recuerden, ese juez que pidió un informe psicosocial para evaluar la idoneidad de una pareja de lesbianas para adoptar. La juez de Denia que elevó una cuestión de inconstitucionalidad al ‘gaymonio' ha sido exonerada de responsabilidad. Como no puede ser de otra manera. El ‘gaymonio' es difícilmente encajable en la legislación.

Pero cuando se trata del bien del menor, la situación se complica. Resulta difícil de justificar que lo mejor para un menor es la tutela de un matrimonio formado por personas del mismo sexo. Centenares de estudios psicológicos desaconsejan tal tutela. Y el juez es el responsable de tutelar el bien del menor, que es lo que se dirime en un expediente de adopción. Que un juez de familia solicite un informe psicosocial para evaluar la idoneidad de una pareja de lesbianas para adoptar a una menor, no es nada extraordinario. Lo extraordinario e irresponsable habría resultado lo contrario. Forma parte del protocolo de peritación necesario para que el juez pueda hacerse su composición de lugar antes de tomar una decisión que resultará de enorme trascendencia para la menor.

Pues bien. Da igual. La izquierda tontiprogre decidió que el juez Calamita debía ser el chivo expiatorio. Ya saben: "Apaleado uno, enseñados todos". Así que toda la fuerza mediática se dirigió contra él con una violencia inusitada. ¿Su pecado añadido a la juez de Denia? Ser católico. Imperdonable. Un católico no puede ser un juez de familia. Antepone sus creencias personales a sus deberes institucionales. ¡Toma tolerancia! ¡Toma integración de todos!, ¡Toma democracia! ¡Toma Alianza de Civilizaciones! El resumen es este: todos pueden participar en la vida social, salvo los católicos que por sus especiales características se convierten en incompatibles con la convivencia.
Con esta máxima, todo vale para desprestigiar al juez. Desde certificar informes psicosociales que no existen hasta pedir la continuidad del proceso a pesar de no haber detectado delito alguno. ¿Derecho? No, voluntad de poder. El fiscal se somete a los dictámenes de la superioridad. Y donde dijo archivo, pide 18 años de inhabilitación. Y si hace falta que quien llevó el asunto por la vía disciplinaria al CGPJ no se inhiba en la causa penal, se hace. Aquí vale todo. La prensa ya le ha condenado.

Pero hete aquí que todos los trapos sucios salen ahora. Y las presiones han sido muy fuertes. La patata caliente está en el tejado de la Sala del Superior de Murcia. Tendrá que elegir entre el derecho, la evidencia de irregularidades y la sospecha de prevaricación o el seguidismo de los mandatos del poder. Una buena prueba del algodón de la independencia de la justicia. Ojalá nos sorprendamos positivamente

Luis Losada Pescador

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