Una de las medidas que creo que habría que tomar, y que no se tomarán, es prohibir bajo sanción de nulidad de pleno derecho, que un Gobierno, central o autonómico en funciones, pueda conceder subvenciones o realizar cualquier acto administrativo en relación con el personal no funcionario de las Administraciones, desde seis meses antes de las elecciones hasta que tome posesión el nuevo Gobierno.
Habría que concretar por Ley qué puede y qué no puede hacer un ejecutivo en funciones.
Así se evitarían casos bochornosos, como la concesión por la aún ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, de una subvención de 2, 6 millones de euros a su antecesor en el cargo, Moratinos. El ex ministro preside una Fundación que, según el Real Decreto, es la única institución que actualmente lleva a cabo los citados objetivos -a saber, "la promoción de la presencia del arte español e internacional en el ámbito de las Naciones Unidas y de otros foros multilaterales con sede en Ginebra, así como la mejora del conocimiento recíproco y las respectivas imágenes de España y sus manifestaciones artísticas en los foros multilaterales que trabajan desde Ginebra o desde cualquier otra sede de Naciones Unidas, a favor de la paz, los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad humana-, lo que determina la improcedencia de la convocatoria pública de la subvención. ¿Será verdad?
Sería curioso averiguar en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura cuántas Fundaciones han proliferado estos ocho años al socaire del poder político.
Y se evitaría casos también bochornosos de que adquieran la condición de funcionarios personas sin oposición, cuyo único mérito es ser afín a Griñán o tener el carné socialista en la boca.
Fernando Ferrín Calamita