Andan estos días los partidos políticos dirimiendo el nombramiento de nuevo presidente de TVE, cuando el dilema sería saber si hoy tiene sentido la existencia de una Televisión estatal.
La respuesta pudiera ser afirmativa si los contenidos de su programación se caracterizasen por la objetividad, pluralidad y excelencia, pero estas notas de identidad solo aparecen en declaraciones grandilocuentes de algunos personajes. La realidad es que TVE está al servicio del Poder que la maneja. Y en esto, genera perdidas económicas que últimamente ascienden a unos cincuenta millones de euros al año.
Ahora, en el siglo XXI, ¿tiene sentido una televisión así, cuando la iniciativa privada y los medios tecnológicos la hacen perfectamente prescindible? El Gobierno puede legislar para regular mejor el funcionamiento de las empresas de televisiones privadas, lo mismo que está reglamentada toda actividad empresarial. Además, teniendo en cuenta que la televisión es algo más que una actividad comercial o industrial, nuestra sociedad todavía tiene pendiente desarrollar unas leyes que ayuden a conseguir que los informativos se aproximen al rigor y veracidad de los hechos, y que el resto de contenidos se alejen de la vulgaridad.
José Murillo