Las dos grandes centrales sindicales están acostumbradas a campar a sus anchas en la negociación sindical con la Administración Pública. Más que sindicatos de clase, parecen sindicatos amarillos. La aprobación del fondo de pensiones para los empleados públicos no contaba con la aprobación de sus afiliados y resulta incoherente con su tradicional defensa del sistema público de pensiones.

Pero la participación del 15% de UGT y 15% de CCOO en la filial del BBVA Gestión de Previsiones y Pensiones explica su postura. Desde la constitución del fondo, ambos sindicatos acumulan unos beneficios de 300.000 euros. Para las centrales, resulta un buen negocio. Para los delegados sindicales, resulta muy dudoso y el asunto no deriva nada pacífico. Tanto en CCOO como en UGT, el fondo de pensiones no resulta nada plácido.

Pero la vuelta de tuerca llegó el 21 de septiembre cuando se constituyó el Foro de Diálogo Social en el que participan UGT, CCOO y CSIF. En dicho foro se debatió todo lo relativo al empleo públic retribución, clasificaciones profesionales, promoción interna, planes de oferta, organización del trabajo y derecho de negociación. Curiosamente, el foro -inexistente jurídicamente- se constituye unos días antes de que el 28 de septiembre se celebrase la mesa de negociación nacida de la Ley 9/87, organismo encargado de estos asuntos.

Pero este año ha habido una diferencia. Es la primera vez en que USO acude a la mesa al superar por un punto el 10% establecido en la Ley. Y a UGT y a COOO no le gustan los intrusos, así que han decidido sacar los temas de debate a una instancia inexistente. En USO temen que se vaya a modificar la Ley 9/87 para consolidar el abuso. Pero, de momento, presentaron el pasado martes 5 de octubre una demanda ante la Audiencia Nacional por tutela de derechos fundamentales y peligro de la libertad e igualdad sindical.

Mientras tanto, el secretario de Estado de Administraciones Públicas ofrece diálogo. Ya saben, diálogo, mucho diálogo. Pero, en paralelo, rodillo, demasiado rodillo.

Por cierto, en el Foro de Diálogo Social antes mencionado, se pactó la subida de un 2,7% para todos los empleados públicos. La diferencia con el 3,5% publicitado por el Gobierno estriba en el fondo de pensiones que el Gobierno califica como salario diferido, y que los funcionarios no desean. Prefieren dinero en mano que pensión futura volando. Un fondo, en definitiva, no solicitado por los funcionarios, pero sí por las dos centrales mayoritarias, CCOO y UGT, que son quienes participan en la gestión de esos fondos y obtienen buenos réditos del mismo.