El Gobierno ultima la elaboración de su plan contra la corrupción.
Las reformas que contempla son complejas en lo jurídico y delicadas en lo político, pero ineludibles si se pretende que la regeneración no se quede a medio camino.
La transparencia quiere ser máxima en la financiación de los partidos y, para ello, por ejemplo, se plantea que la contabilidad se deposite en un registro público, además de que los tesoreros acudan al Parlamento.
No se pueden dar pasos en falso y el proyecto debe ser tan ambicioso como parece. Eso es necesario a pesar de, o tal vez por eso, los casos de corrupción que afecta a los partidos y a los sindicatos.
JD Mez Madrid