Lo he leído en muchas novelas policíacas, así que estoy muy documentado: la tarea más dura para un asesino es deshacerse del cadáver. Ergo, lo más difícil para las clínicas abortistas consiste en deshacerse de los cadáveres de los fetos ‘matados', que no muertos. Bueno, hasta ahora no mucho, porque, como se ha visto en los casos de Isadora y Ginemedex, con unas máquinas trituradoras de cuerpecillos humanos se pueden hacer maravillas. Pero desde que unos valientes acusadores y unos jueces valientes se atrevieron con el doctor Morín, la cosa se ha puesto ‘chunga'. Como los de la toga atacaban de frente, los rompecocos pidieron auxilio a los ministros más respetuosos con la independencia judicial, el responsable del ramo, señor Fernández Bermejo, y al de Sanidad, el prestigioso científico Bernat Soria, para que les resolvieran la papeleta y no se vieran obligados ni a emplear máquinas trituradoras, que siempre suponen merma de prestigio.

Así que, ni cortos ni perezosos, los celadores de los derechos reproductivos, o más bien anti-reproductivos, se pusieron manos a la obra y en un periquete tenían lista la norma adecuada: hasta las 30 semanas -siete meses y medio, cuando el feto ya suelta unos puntapiés tremendos a su señora madre- resulta que no existe persona, que no son ni restos humanos, sino residuos biosanitarios, más bien desechables.

Hasta ahora, los restos humanos tienen tres categorías: residuos biosanitarios. La primera es las gasas llenas de sangre, jeringuillas, etc. El segundo es específicamente humano, pero sin entidad suficiente, como un pedazo de intestino extirpado. El tercer nivel son los restos humanos con "entidad suficiente" como los fetos o incluso órganos como brazos, dedos, etc.

En pocas palabras, los cadáveres fetales tenían derecho a ser tratados como personas. Y si se entierra un brazo, con más razón un ser humano completo, aunque sea pequeñito. Todo ello, según la ley de 1974. Este tercer nivel terminaba en los tres procedimientos habituales de sepelio: entierro, incineración o lanzamiento al mar, en caso de viaje marítimo y bajo el permiso del capitán.  

Pero esto, queridos amigos, no es económico ni eficiente, y dista mucho de los parámetros de gestión de la empresa moderna, como son los abortorios. Porque claro, esto obligaba a científicos de tantos centros a actuar según la siguiente alternativa: legalmente, lo que comporta acudir a la funeraria para que recoja los restos, lo que encarecería tremendamente los costes, y claro, eso no puede ser. Y la ilegal: las trituradoras conectadas al retrete.

Por ello, por eficiencia y ansias de cumplir la ley, el Gobierno les ha prometido una norma donde a todo feto de hasta 30 semanas (sí, han entendido ustedes bien, siete meses y medio, cuando cualquier niño puede sobrevivir con unos cuidados perfectamente asumibles). Pues bien, hasta entonces, esos pequeños serán como una gasa sanguinolenta o una jeringuilla.

La norma ya está redactada y el Gobierno prevé aprobarla con el consenso -ante todo consenso- de las comunidades autónomas regidas por el Partido Popular.  

Hasta ahora, éramos una sociedad que no respeta a los vivos. Pero ahora daremos un paso hacia delante: tampoco respetaremos a los muertos: ¡Rediez, qué progresistas que somos!  

Eulogio López

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