La llamada "ley Aído", que estableció el aborto por plazos y lo convirtió en un derecho, incorporaba en su articulado una puerta abierta a su conculcación: el supuesto de riesgo para la salud física o psíquica de la madre, por el que se podía llevar a cabo la interrupción del embarazo más allá de las 14 semanas.
Los informes de los psiquiatras de una clínica abortista demuestran que en la mayoría de los casos no había más argumento que la situación económica de la gestante. Un fraude consentido e ignominioso que sin duda es preciso cambiar.
Jesús D Mez Madrid