- El presidente bolivariano acusa, con su peculiar retórica, a "los capitalistas y al imperio" de la crisis de abastecimiento que sufre el país.
- Las protestas vuelven a las calles de Caracas y de otras ciudades para rechazar la estrambótica medida de la huella dactilar para comprar.
- El llamado "sistema biométrico" se implantará en los comercios para "detectar a los contrabandistas" de alimentos, dice Maduro.
- La oposición va más allá y asegura que el Gobierno va a imponer el racionamiento de productos básicos.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, continúa en sus trece y responsabiliza a agentes externos de su mala gestión económica. Maduro asegura haber salvado a la población de una "hambruna", auspiciada, según él, por la oposición. "Todavía hay venezolanos confundidos que creen que este es un problema de Maduro, que ha cometido errores en la política económica", ha señalado el mandatario, para reincidir en que es la derecha la que está tras la "guerra económica de contrabando de extracción" y de la "ola especulativa y el acaparamiento".
Durante un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas, el presidente ha aprovechado para extender sus acusaciones por la crisis venezolana de abastecimiento a "los capitalistas, la burguesía dominante y el imperio". Ellos son los culpables -según Maduro- de "desmontar y caotizar la vida social de Venezuela". El mandatario ha reconocido que hay "cosas que corregir", y ha instado a unir fuerzas para hacer frente "a una batalla del pueblo contra la guerra económica". Inamovible en su retórica, ha sentenciado: "Los dólares de la república nunca van a ir a la burguesía".
Entre tanto, se reactivan las protestas callejeras en Venezuela por el nuevo sistema para la adquisición de productos básicos que pretende implantar el Gobierno, basado en el registro de las huellas dactilares de los compradores. Debido a ello, Nicolás Maduro se ha visto obligado a especificar que la instalación del llamado "sistema biométrico" será "voluntaria" para los supermercados privados, aunque ha asegurado que cuando los empresarios conocieron la medida, "todos dijeron que querían participar", según recoge el diario venezolano 'La Nación'.
El Gobierno de Caracas afirma que el objetivo es "detectar a los contrabandistas", en referencia a las personas que compran grandes cantidades de alimentos para revenderlos en el mercado negro o introducirlos de contrabando en Colombia (un kilogramo de harina puede llegar a venderse seis veces más caro). Sin embargo, la oposición teme que esta nueva medida imponga el racionamiento de alimentos, y la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha convocado un cacerolazo para este jueves.
Daniel Esparza
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