• Primera víctima política: el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
  • La desaparición de estudiantes ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Peña Nieto (PRI), que aseguraba que la violencia de los cárteles del narcotráfico estaba disminuyendo en México.
  • Y ha situado en el primer plano de la actualidad la realidad del país: la violencia, ligada al crimen organizado, y con la connivencia de la corrupción de los poderes públicos. 
El caso de los 6 muertos y 43 estudiantes desaparecidos en la ciudad de Iguala (en el Estado de Guerrero, México), el pasado 26 de septiembre, empieza a cobrarse víctimas políticas. La primera de ellas ha sido el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien dimitió para "favorecer a un clima político" que permita resolver la crisis. "La prioridad debe de ser continuar con la búsqueda de los jóvenes desaparecidos y garantizar que los responsables de estas graves violaciones de los derechos humanos sean castigados".

Recordemos los hechos: según la Fiscalía, ese día hubo un tiroteo, murieron seis personas, y en la desaparición de los estudiantes participó la Policía Municipal Preventiva de Iguala y un grupo de delincuentes conocido como Guerreros Unidos. La Fiscalía dictó prisión formal contra 22 policías detenidos por este caso, a los que se acusó de actuar de forma coordinada con la delincuencia organizada. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Angeles Pineda también están implicados en la desaparición de los 43 estudiantes, pues ordenó el ataque contra ellos en colaboración con el narco. Abarca y su esposa continúan en paradero desconocido. 

Además, en los últimos días las movilizaciones, en las que también participan miles de maestros, se han radicalizado con ataques a las oficinas del Gobierno estatal, del Congreso, de las instalaciones del PRD y de las alcaldías de Chilpancingo e Iguala.

Este caso ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI), que hasta hace algunas semanas aseguraba que la violencia de los cárteles del narcotráfico estaba disminuyendo en México. Y sobre todo, ha situado en el primer plano de la actualidad la realidad del país: la violencia, ligada al crimen organizado, y con la connivencia de la corrupción de los poderes públicos.

De hecho, varios intelectuales mexicanos han advertido incluso que podría provocar un estallido social. "Estamos ante una emergencia nacional y ante un estallido social. Estamos en una situación muy delicada y peligrosa", ha declarado la escritora Elena Poniatowska, en declaraciones recogidas por Efe.

Otro escritor, Pacto Ignacio Taibo II, recordaba que a los alumnos de las escuelas normales (magisterio) se les considera habitualmente como "revoltosos" y "campesinos buenos para nada".

"En el México donde la narcopolítica es un imperativo que aparece por todos lados, no se puede uno sorprender de que pasen las cosas que pasan", aseguró el escritor.

José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com