Atocha Ginecológica SL y Clínica Triana SL monopolizan las interrupciones voluntarias de embarazos de alto riesgo desde hace casi una década, merced a los sucesivos conciertos públicos que han obtenido del sistema sanitario público andaluz.
Así se desprende de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 que anula el procedimiento por el que ambas sociedades ganaron el concurso de adjudicación del «sistema de interrupción voluntaria del embarazo» en situaciones de riesgo o de más de doce semanas.
Y así lo admiten responsables de las dos clínicas, que defendieron, no obstante, la legalidad de todos los procedimientos en los que han participado y, sobre todo, la solvencia técnica y profesional para llevar a cabo estas intervenciones.
Francisco Navarro, administrador único de Clínica Triana S.L., admitió, en declaraciones a este periódico, que recibe subvenciones del SAS desde hace más de 15 años por la práctica de abortos de alto riesgo e insistió en el hecho de que no hay ninguna clínica -al margen de la suya y de Atocha Ginecológica- que reúna los requisitos necesarios para unas intervenciones consideradas de riesgo.