De mis 22 años de vida laboral, he dedicado 21 y once meses al sector privado y un mes largo, casi 35 días, al sector público. En un Ministerio, para ser exactos, y no como funcionario, desde luego. Mi antecesor en el cargo sólo me dejó un testamento.

 

- Recuerda, tu poder en esta casa depende del número de funcionarios que tengas a tus órdenes.

 

Entiéndanlo: no importaba lo que hicieran los tales funcionarios, sino su número. Es más, allí descubrí las enfermedades laborales. Por ejemplo, uno de mis subalternos sufría ataques de pánico. Durante mi estancia no logré descubrir si se trataba de pánico al trabajo, pero lo cierto es que logre verle una sola vez, justo el día de mi incorporación, y tras una amena y breve charla de cinco minutos, sufrió un nuevo ataque, que duró algo más de los precitados 35 días. Dramático, lo sé.

 

Pero, ¿tenía alguna razón mi antecesor en el cargo? Descubrí que sí, ciertamente, pero ya era demasiado tarde. Pues claro, hombre, tu poder dependía del número de funcionarios que tuvieras a tu cargo, por la sencilla razón de que el funcionario lucha, sobre todo, por su salario, y es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerlo: incluso trabajar. Por tanto, se trata de crear puestos de trabajo, porque los puestos de funcionarios se crean, pero, como la energía, jamás se destruyen. Y muchos funcionarios luchando por su sueldo representan una fuerza motriz a la que no se atreve a enfrentarse ningún Gobierno.

 

Por tanto, la única reforma posible de la Administración pública consiste en no crear ninguna plaza nueva y esperar a que los funcionarios se jubilen, amortizando sus puestos. Es lo que se llama una reforma política por consunción del sujeto agente.

 

Pues bien, todo lo anterior hace referencia a la educación superior. Verán, los rectores universitarios, agrupados en la CRUE, se lanzaron al cuello de la ex ministra de Educación de Aznar, Pilar del Castillo, mientras aplaudían con entusiasmo al nuevo Gobierno socialista. Esto puede llevar a la confusión de que la casi derecha del PP tiene en contra la comunidad científica y universitaria, mientras la casi izquierda del PSOE la tiene a su favor.

 

Pero conviene echar una segunda mirada al problema. En primer lugar, los rectores no representan a la comunidad científica ni académica. Bueno, representan a la comunidad académica de titularidad pública. Y lo que más le preocupa a un rector no es la ciencia, sino la pasta, pasta que proviene del erario público. El rector sabe mejor que nadie que su poder depende del número de funcionarios, especialmente sus compañeros, los profesores, que sea capaz de lograr durante su mandato, y por el que los agraciados le guardarán gratitud eterna.

 

La casi derecha del PP, por el contrario, dirigida por una ministra un pelín centrífuga (no había nada más que contemplar su indumentaria), estaba empeñada en reducir el gasto universitario, convencida de que no todos los euros desparramados sobre la universidad se dedican a aumentar el acerbo cultural del pueblo ni el prestigio tecnológico del país. La casi izquierda socialista de ZP aprovechó la ocasión para prometer a los rectores que no se preocuparan, que ya llegaría su momento. Y ha llegado.

 

Así, la nueva ministra de Educación, María Jesús Sansegundo, que ha aprendido de Gregorio Peces-Barba cómo crear nuevos puestos de funcionarios en la Universidad, ha permitido, todo sea por el diálogo y el talante, que los rectores le ayuden en las reformas de las carreras universitarias. Y ha salido lo que tenía que salir. La línea directriz del proyecto de reforma consiste en que las carreras se cursen en menos años. Ya se intentó diez años atrás y resultó un verdadero fracaso, especialmente en ingenierías, pero eso es lo de menos.

 

De entrada, podría pensarse que se trata de reducir el gasto, pero eso es mentira. La figura clave en una universidad son los departamentos (por decirlo así, los que otorgan los puestos), por lo que toda reducción en el número de años que cuesta cursar una carrera, significa que los estudiantes cursan el doble de asignaturas por curso. Si repiten, es su problema: eso no disminuye el número de profesores, sólo la calidad de la enseñanza.

 

Pero, además, ¡ajajá!, aquí viene lo bueno. Los rectores y el PSOE pretenden, para responder a los retos de la sociedad laboral, naturalmente, oficializar los master de postgrado, un mundo del que las universidades públicas han estado alejadas y que ha sido aprovechado por el sector privado. En otras palabras, se reducen el número de cursos, pero no las asignaturas por carrera, luego, no los puestos de trabajo, al tiempo que se ofrece un postgrado, más puestos de trabajo y encima no gratis, para que no se infle el déficit fiscal.

 

Todos salimos ganando, especialmente los funcionarios. A fin de cuentas, los títulos universitarios se venden ya en el rastro en todo Occidente, así que los estudiantes con ganas de trabajar deberán atesorar dos carreras, cuatro masters, un par de idiomas y maestría informática. O eso, o introducirse en el Sistema, haciéndose profesores de otros futuros parados, que es lo que hacen muchos de los estudiantes más desesperados.

 

Eulogio López