No es ningún secreto que España es uno de los líderes en fraude, pues su economía sumergida fue de 253.000 millones de euros (24,9% del PIB) en 2012, según los últimos datos de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
La crisis agudizó este fenómeno y el Gobierno se propuso atajarlo con firmeza, sobre todo los titulares de Empleo y de Hacienda, Fátima Báñez y Cristóbal Montoro (ambos en la imagen). Sus ojos se posaron en el fraude a la Seguridad Social y en el fiscal, creando una especie de 'estado policial': muchos más inspectores, tanto tributarios como de Trabajo.
La lucha ha empezado a dar sus frutos. En fraude social, los procedimientos judiciales crecieron un 81% en 2014, hasta los 1.660, y los de carácter penal, un 200%, hasta los 565, gracias a la reforma del Código Penal. Por su parte, en fraude fiscal, Montoro ha presumido de recaudar el año pasado 12.300 millones ( 12,5%), un récord histórico y 34.785 millones desde 2012.
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