Tiene su aquél que el presidente ejecutivo de Gamesa, Ignacio Martín, explique este jueves en una entrevista a Cinco Días que la empresa "busca países con un marco regulatorio estable, que es lo que la industria necesita". Tiene su aquél, sobre todo, por la velada crítica que esconde a una inestable regulación en España. Es el mismo motivo por el que se acumulan múltiples demandas en el Tribunal Supremo o peticiones en los comités de arbitraje pidiendo compensaciones por los cambios regulatorios apelando a la inseguridad jurídica. Vamos, que a Gamesa no le gustó -y lo sufrió en primer plano- que el ministro socialista Miguel Sebastián, primero, y después el popular José Manuel Soria, acabaran con el chollo de las primas a las renovables. No olviden que esas subvenciones garantizaban una rentabilidad muy elevada y sin riesgo, sobre todo en la fotovoltaica. Pero a la postre quien pagaba esos excesos era el consumidor española, mientras el déficit de tarifa crecía y crecía. Soria ha repetido varias veces que se agarra a que esa rentabilidad sea "razonable". El recorte de la subvenciones no ha tenido otro objeto que evitar un coste abusivo al consumidor y no, precisamente, crear inseguridad jurídica, que es el argumento de los poco ejemplares fondos de inversión especulativos. Más suavemente, también lo da a entender Ignacio Martín: "Es deseable tener una previsión sobre cómo se va a regular a medio y largo plazo". Obviamente, es deseable, para las energías renovables y para cualquier industria. Es lo que han pretendido precisamente las últimas reformas energéticas. Tan deseable como evitar situaciones de atropello que desdibujan la realidad de las instalaciones energéticas. Hispanidad redacción@hispanidad.com