La carta, enviada por el Ministro de la Presidencia al Presidente de la Conferencia Episcopal Española, uno de los primeros día del pasado mes de Julio, sobre las víctimas de abusos sexuales, era impresentable, en el fondo y en la forma, y es también una amenaza en toda regla a la independencia que deben tener la vida y la misión de la Iglesia. Además, el Gobierno se retrata al contraprogramar burdamente a los obispos, convocando de urgencia a las víctimas.
Fue injustificable que el Ejecutivo pretendiera imponer una solución que podría ser contraria a derecho y que, en cualquier caso, está llena de incertidumbres, pero sobre todo es una vergüenza que intente monopolizar el trato con las víctimas de abusos y que las instrumentalice de esta manera, anteponiendo el posible beneficio político a la verdadera solución de fondo que este drama social necesita, no sólo las victimas relacionas con la Iglesia sino todas.