Sr. Director: No se puede negar a estas alturas el derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos, invocando convenios internacionales y sentencias del Tribunal del Consejo de Europa en Estrasburgo, con interpretaciones sesgadas, que omiten lo fundamental de los tratados y de las decisiones jurisdiccionales. Al final, la crítica del adoctrinamiento convierte al Estado en el gran maestro de doctrina y moral, camino del gran inquisidor… Algo de esto se reflejaba en una información de un importante medio de comunicación, sobre una sentencia del Tribunal Supremo contra las decisiones adoptadas por la Junta de Andalucía en materia de conciertos educativos. El periódico -fue en su día diario de referencia-, se hace portavoz de los argumentos del recurso perdedor, no de los fundamentos jurídicos de dos sentencias aprobadas por todos los magistrados de la Sala, excepto uno o dos (por razones jurídicas formales, no en cuanto al fondo). No se trata en modo alguno de una cuestión confesional. En mi caso, además, saben bien mis amigos que no soy partidario de los conciertos, a pesar de las ventajas que puedan tener a corto plazo. A largo término, consolidan la pasividad de la sociedad civil, diluyen la responsabilidad personal de los ciudadanos y amenazan la inspiración propia de los centros, como se ha visto en Francia. Respecto de los centros cristianos, no me parece que la seguridad financiera sea buen criterio apostólico; al menos, así lo entiendo, reflexionando también sobre grandes enfoques del pontificado del papa Francisco. En todo caso, como en tantas otras cuestiones prácticas, la unidad de los católicos no se confunde con la uniformidad, menos aún si se aborda desde los derechos de los fieles en materia de información y opinión. José Morales