Sr. Director:
Mediante sentencia del 28 de junio de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) declaró que el Reino de España había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de efectividad, al adoptar y mantener en vigor ciertas disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y de la Ley 40/2015 de 1 de octubre.
Considero que representa una gran estafa a los ciudadanos el que se dediquen ingentes medios a dictar este tipo de sentencias, que sólo sirven para permitir a los gobernantes del Reino de España reírse del TJUE incumpliéndolas, mientras que no se destina ni el mínimo esfuerzo a analizar las denuncias de los ciudadanos, en las que se trasladan los auténticos problemas con los que se topan al intentar defender sus legítimos intereses ante las Instituciones españolas.
A pesar de que todos los abogados con los que había contactado me transmitieron que estaba perdiendo el tiempo, puesto que las reclamaciones por responsabilidad patrimonial administrativa nunca jamás tienen éxito en España, yo interpuse las mías frente a la CNMV al entender que se trataba de una figura jurídica cuya fin era amparar un derecho constitucional, que también está reconocido por el ordenamiento de la UE, y que las mías estaban sustentadas por sólidos fundamentos.
Pues bien, a lo largo de su tramitación pude constatar que lo realmente grave no es la ilegalidad de las normas que las regulan, sino la desvergonzada interpretación de las Leyes que hacen los responsables de resolverlas y la desfachatez con la que actúan, hasta el punto de que son capaces de alterar los perjuicios consignados por el reclamante con objeto de poder alegar una falsa extemporaneidad de las mismas.
Por ello, el pasado 30 de marzo interpuse una denuncia ante la Dirección General de Justicia y Consumidores, que fue registrada con el número de referencia CPLT(2024)00791, puesto que considera que se incumple el principio de efectividad cuando, en España, este tipo de reclamaciones siempre son desestimadas por uno u otro motivo, real o inventado. Sin embargo, mi denuncia no ha sido debidamente atendida, sino que debe estar durmiendo el sueño de los justos en algún cajón de dicha Institución europea o ha perecido en alguna de sus destructoras de papel, lo que no hace sino aumentar el sentimiento de impunidad con el que creen contar los responsables de los Organismos españoles, lo que los anima a incrementar el nivel de sus tropelías.
¿Para qué sirven las costosísimas Instituciones europeas en las que estamos tirando nuestro dinero?