Sr. Director: La introducción, en la ley de Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género aprobada por la Comunidad de Madrid, por Ley como auténtico dogma de ingeniería social supone todo un desafío al derecho constitucional, puesto que impide por la vía de los hechos pronunciarse en contra. La aplicación de esta Ley hace trizas, en concreto, el artículo 27.3 de la Constitución que recoge claramente la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. En el fondo, es un paso más en la hoja de ruta de la imposición de una determinada ideología que es, en verdad, toda una antropología, una visión del ser humano basada en la idea de que la sexualidad es un producto cultural sin fundamento biológico. Es una cuestión de profundo calado. En seguir alzando la voz y defender el derecho a poder discrepar legítimamente nos jugamos el futuro de unas bases verdaderamente democráticas para nuestra sociedad. Jesús Mez