Recordemos que todo empezó cuando Ricardo Ferris, inspector jefe del CNP y jefe de la comisaría de Valencia exponía : "A día de hoy, la práctica totalidad de los detenidos por Policía y Guardia Civil son extranjeros". "En las pateras todos te confiesan ser delincuentes y expresidiarios". Además, Ferris aseguró que "desde hace cinco años" la Policía ya "no trabaja con delincuentes nacionales", entre otras manifestaciones. También aseguró que le parecen "absurdos los porcentajes del 30%, 40% o 50%", porque "la práctica totalidad de los detenidos que hace la Policía y la Guardia Civil son extranjeros".

Ferris hizo estas declaraciones el pasado 14 de octubre en el Ateneo Mercantil de València en el marco de un acto sobre Inmigración y Ciudadanía organizado por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) y el grupo parlamentario de Vox en Les Corts Valencianes.

Pues bien: la Dirección General de la Policía Nacional acordó el relevo de Ricardo Ferris, como inspector jefe del CNP y jefe de la comisaría de Valencia. La decisión se adoptó a propuesta de la Jefatura Superior de la Policía en la Comunitat Valenciana. 

Pero Ferris siguió adelante llegando incluso a dirigirse al ministro de Interior, Grande-Marlaska: «Le insto a que se atreva a probar ante la opinión pública quién dice la verdad y quién miente». Es más, Ferris afirma que no es una “víctima” ni tiene “vocación de mártir” y que va a “hacerle frente al ministro y a todo su entorno decadente, respondiendo a todos y cada uno de sus ataques y difamaciones con toda la contundencia que merece".

Firme en sus convicciones y teniendo como referente cifras oficiales el inspector recibe ahora una denuncia por delito de odio de Una treintena de organizaciones solidarias y de acogida  por un supuesto delito de odio cometido al “equiparar inmigración con delincuencia y atribuir todos los delitos a las personas extranjeras”.

Las entidades y plataformas firmantes en la demanda instan a la Sección de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación que acuse a Ferris de «incitar al odio contra las personas extranjeras»; delito contemplado en el artículo 510.1.a del Código Penal y que está castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y una multa de seis a doce meses.

Por cierto, que la asociación que encabeza la denuncia, Valencia Acull, está financiada, entre otros organismos, por los ministerios de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, de José Luis Escrivá, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Carolina Darias y el de Empleo y Seguridad Social, de Yolanda Díaz.

Así pues, Ferris se enfrenta de lleno con la hidra de los delitos de odio, esa que invierte la carga de la prueba y que exige al denunciado que demuestre que no odia al denunciante. Y, ojo, porque eso es algo harto difícil dado que estamos hablando de un sentimiento, que no se refleja ni en cifras, ni en estadísticas, que no se puede probar. Los denunciantes plantean argumentos de libro, de mal libro, empleados en delitos de odio: "No estamos ante un comentario aislado, sino ante una intervención extensa plagada de falsedades que consideramos no solo tendenciosas sino delictivas", aseguran las organizaciones en su denuncia presentada ante la Fiscalía. Los denunciantes no tienen que probar que los datos son falsos, el denunciado sí tiene que demostrar que son verdaderos, Y aún así, puede ser condenado con hasta cuatro años de cárcel por odiador.

Decíamos en Hispanidad que los tribunales pueden juzgar hechos pero no voluntades. Con la normativa del odio se está confundiendo pecado con delito. Y lo más grave, insitimos, es que los delitos de odio sólo sirven para silenciar al disidente y para vengarse del adversario. 

Por eso, imponer penas de hasta cuatro años de cárcel por odio, es dejar en manos de un hombre la posibilidad de castigar una mera intención, además de poner en marcha una forma de venganza contra el que discrepa de mí o simplemente me cae gordo, una barbaridad que a los gobiernos progresistas les encanta.