Contábamos ayer miércoles que la descristianización se aceleraba en España: solo uno de cada cinco matrimonios fueron por la Iglesia y solo uno de cada tres niños nacidos fueron bautizados. Son datos reflejados por la Conferencia Episcopal Española en su Memoria de Actividades 2020 presentada por la directora de la Oficina de Transparencia de la Iglesia, Ester Martín, y el secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello. Además, a la vista de los datos económicos, casi la mitad de las diócesis españolas, 34 de 69, entraron en déficit, y es que el cierre de los templos provocó una disminución del 7% de las aportaciones de los fieles.
Monseñor Argüello lo justificaba, la pandemia pilló en "temporada alta de algunas celebraciones eclesiales", por lo que muchas personas "tomaron la decisión de aplazarlo", y concluye "estuvimos cerrados, sino porque cuando se abrió fue con reducción de aforo y las lógicas prevenciones de seguridad".
"Lógicas prevenciones de seguridad"¿Ya está monseñor Argüello? ¿Ni una reivindicación o crítica al atropello que sufrimos los católicos con las restricciones cuando no se nos permitió asistir a la Eucaristía?
La cosa es grave, el Gobierno cristófobo de Sánchez lo que quiere es cargarse la Eucaristía en España y sin Eucaristía no hay Iglesia. Y tenemos dos problemas: muchos obispos no se enfrentan al Gobierno, y parece que incluso colaboran, y a los fieles parece importarles poco el ataque contra lo más sagrado de su fe: la Eucaristía.
Para empezar, la decisión de cerrar los templos no fue mala, fue peor, e innecesaria. Los templos debieron permanecer abiertos y oficiando misas a diario, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, debio rebelarse contra el Gobierno cristófobo de Pedro Sánchez. Primero, porque en ningún momento se prohibieron las misas como en Italia, se prohibió a la gente salir de sus casas. Y segundo porque, si a la Iglesia se le obliga a cerrar las iglesias, entonces el señor Omella podría haber presionado paralizando la obra de la Iglesia. Es decir, al igual que no le permitían celebrar sacramentos, la iglesia bien podría haber cesado también en la prestación de su actividad asistencial, dado que cualquiera de esas actuaciones supondría un peligro para la salud pública en la mentalidad del Gobierno.
Pero no, lo que hizo el señor Omella no fue solo callar, que ya es grave, sino colaborar con las medidas opresivas de Sánchez. Y con todo respeto: ni lo primero es la legalidad, ni lo primero es la salud, lo primero es Cristo, y si para defenderlo hace falta rebelarse, pues habrá que hacerlo.
"Lógicas prevenciones de seguridad"¿Ya está monseñor Argüello? ¿Ni una reivindicación o crítica al atropello que sufrimos los católicos con las restricciones cuando no se nos permitió asistir a la Eucaristía?
Y miren que ha habido ocasiones durante la pandemia para que los obispos alzaran la voz, ejemplo de ello cuando la policía desalojó la Catedral de Granada durante los oficios de Viernes Santo oficiados por el obispo de Granada, Javier Martínez, quien fue extorsionado cuando le aseguraron que como no echara a los fieles o interrumpiera la ceremonia, detendrían, no a él, sino a los fieles. Por su puesto, el obispo cedió, por el miedo de lo que podría pasar allí, y ni Omella ni el Nuncio del Vaticano en España, Bernardito Auza, dijeron una palabra tras el atropello granadino.
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, explica lo que se hizo en la ciudad andaluza con una gran claridad: "El Obispo y el Consejo Episcopal dijimos: «Aquí no se cierra nada, aquí está todo abierto y si la gente no puede venir, no puede, lo comprendemos, pero que no sea porque nosotros lo tenemos cerrado». Desde el día en que se decretó el estado de alarma, y, por tanto, el confinamiento, celebré misa todos los días en la Catedral y era transmitido".
Y añade: "Además, en el segundo o tercer decreto de alarma se podía salir a los trabajos esenciales y consulté a la subdelegada del Gobierno y al delegado de la Junta de Andalucía si se consideraba trabajo esencial el trabajo del sacerdote atendiendo a sus fieles y contestaron minuciosamente que sí, que se consideraba esencial. Esa pregunta no se había hecho en toda España y la respuesta tampoco. Por lo tanto, la elevé a las autoridades de la Conferencia Episcopal y la difundieron por toda España. Córdoba en eso fue ejemplar: primero en no cerrar y segundo, en que las autoridades reconocieron que el trabajo que hacía la Iglesia a través de sus sacerdotes era esencial".
Lo hemos dicho, ya estamos en la Gran Tribulación, en el Juicio de las Naciones y en breve habrá que defender la Eucaristía con sangre.