La escuela concertada hace sus cálculos de cara al próximo 4-M. ¿Y si gobernara un ejecutivo de izquierdas? Entonces, según publica La Razón, la concertada ve posible el cierre de los colegios en los que estudian uno de cada tres niños y que le ahorra al Estado 3.000 euros al año.

«Si hay un cambio de gobierno, lo vamos a pasar mal», asegura José Antonio Poveda, secretario general de Escuelas Católicas de Madrid. El responsable de la patronal de la escuela concertada teme que «la izquierda entre a gobernar con el cuchillo entre los dientes contra la concertada» y con la «ley Celaá» en la mano. Y es que esta ley erige a la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo en España y elimina la «demanda social» de los padres de este tipo de colegios como un elemento a tener en cuenta por la Administración educativa a la hora de programar cuántas plazas escolares debe haber.

«Los afectados iban a ser las familias porque nos tememos que una de las primeras medidas sería eliminar unidades en la etapa de tres años y, aunque quisieran llevar a sus hijos a un determinado centro, se van a encontrar con que no hay plazas», lamenta el responsable de Escuelas Católicas.

Por eso piensa que el resultado del 4-M dará respuesta a una pregunta que ahora está en el aire y que depende del Gobierno que salga de las urnas: «¿Tiene derecho a vivir la concertada?».

La situación no sería tan inquietante, según dice, si no hubieran vivido en otras autonomías un avance de lo que podría ocurrir en Madrid. Y lo dicen atendiendo al caso de La Rioja, Valencia, Aragón y Cataluña, donde asegura que se ha visto ya una supresión de aulas de la escuela concertada, que «se ha convertido en subsidiaria de la pública». En Navarra, por ejemplo, los daños 'colaterales' de la ley Celaá se han materializado en obstáculos a la conciliación familiar y 'asignación' en lugar de 'elección' de plazas.

Según explica Poveda a La Razón, en La Rioja en los primeros meses del gobierno de Podemos-PSOE, se empezó por limitar el transporte público desde distintas localidades a niños que iban a colegios concertados, se eliminó el «cheque bachillerato» que subvenciona parcialmente los estudios en estos centros y solo en Logroño se redujo en un 25% la oferta de plazas concertadas en Infantil. En Cataluña, ya hay un decreto ley para convertir colegios privados y concertados en públicos. La medida facilita el traspaso de titularidad del centro si el dueño del colegio lo pide y la Administración educativa necesita plazas públicas para atender la demanda de escolarización. Ya hay colegios de monjas que están andando este camino.

La escuela concertada cree que la Lomloe o «Ley Celaá», como se conoce popularmente, se ha elaborado como una reacción contra la Lomce del ex ministro Wert y en base a las políticas educativas de Madrid. Y aunque el candidato socialista, Ángel Gabilondo, no es partidario de acabar con la concertada, el programa de Unidas Podemos, el partido al que el líder socialista le ha pedido apoyo, habla abiertamente de suprimir conciertos. 

Naturalmente, lo que pretende la izquierda es liquidar la escuela concertada... ¡porque en su inmensa mayoría es escuela católica!