El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha defendido su candidatura en el debate de investidura de hoy miércoles, mientras, en la calle, tanto ciudadanos como representantes de los jueces, banca, empresas e Iglesia prosiguen con la rebelión cívica contra su Gobierno. La última, más de 150 exdiputados y exsenadores firman un manifiesto en contra de la amnistía y los jueces protagonizan concentraciones.
El debate sobre la amnistía para los delincuentes del 'procés' ha llegado hasta Europa. El alto representante de la UE en política exterior, Josep Borrell, admitió en el consejo de la Unión Europea que los acuerdos provocan "bastantes preocupaciones". Borrell no ha sido el único en Bruselas que ha mostrado preocupación.
El comisario europeo Didier Reyndersun se pronunciaba en el mismo sentido, pero ya estaba ahí la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, para aclararle que la ley de amnistía es un tema de ámbito nacional. El de Llop es el discurso general en el Gobierno, que ha sido adoptado por la prensa del país, 'Europa es la única que puede salvarnos', pero no lo hará, pero porque es un asunto 'doméstico', de la soberanía española, claro está.
Y es que el caso de España parece muy distinto al de Polonia, Hungría o Italia, donde Europa sí ha intervenido, por ejemplo, congelando los fondos. En el caso de nuestros países vecinos estaba en juego "el Estado de Derecho", no como aquí, donde simplemente se va a acabar con la separación de poderes y se va a amnistiar a políticos corruptos.
Es más, la Comisión Europea llevaba a Hungría ante los tribunales por discriminación del colectivo LGTBIQ, literalmente Bruselas mostraba dudas en materia de Estado de Derecho: "las autoridades húngaras no han respondido de forma suficiente a las preocupaciones de la Comisión en relación con la igualdad y la protección de los derechos fundamentales, y no ha adoptado ningún compromiso para corregir la incompatibilidad", aseguraban Úrsula y sus colegas.
Pero el de España, insistimos, es un caso distinto en el que Europa no puede intervenir, fijénse si es distinto que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, sometió a referéndum la ley de protección infantil, por la que Bruselas tan preocupada estaba, y el 90% de los húngaros votaron a favor de la misma y en contra de doblegarse ante la Unión, como ya contamos en Hispanidad. Pese a este ejercicio de soberanía por parte de Orbán, Bruselas sigue detrás del país.
Es decir, en los casos de Polonia, Hungría e Italia, todos ellos países con líderes cristianos y, por tanto, ultras, la Unión Europea tiene vía libre para intervenir en pro del Estado de Derecho de sus ciudadanos, en España no, pero porque nuestro Gobierno es progresista y solo hace cosas por el progreso.