La secuencia de los hechos sería la siguiente: 

1- Una pareja se separa

2- Se establece el correspondiente régimen de visitas de la hija que tienen en común

3- La madre, presuntamente, incumple el régimen de visitas

4- La diputación de Vizcaya -que es donde suceden los hechos- actúa

5- La madre acusa a los responsables de la Diputación vizcaína de arrebatarle a su hija cuando tenía cinco años sin aval judicial y acusándola de influir en contra del padre, lo que se conoce como el síndrome de alienación parental (SAP) y cuya existencia como patología descartan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo General del Poder Judicial.

A partir de ahí, según publicó en su día El País, la Audiencia Provincial de Bizkaia absolvió al diputado de Acción Social de Bizkaia, Sergio Murillo, y a tres funcionarias de la institución foral de los delitos de prevaricación, malos tratos y lesiones psicológicas, por los que fueron juzgados en junio de 2020 tras la denuncia presentada por Irune Costumero, la madre de la menor.

La sentencia absolutoria no entra a valorar si los funcionarios le quitaron la custodia a Costumero porque la menor padeciera del síndrome de alienación parental, sino que se centra en juzgar la actuación de los cuatro acusados al otorgar la custodia de la niña a su padre. La Sala descarta que la actuación del diputado de Acción Social y de las tres funcionarias “no resultan incardinables en el delito de prevaricación administrativa” y que “no se ha practicado prueba suficiente para dar por acreditados” los delitos de maltrato y de lesiones psíquicas de los que fueron acusados.

El fallo judicial niega que con esta actuación hayan prevaricado. Los magistrados sostienen, además, que “no resulta descabellado pensar” que en el caso de que los cuatro representantes de la Diputación de Bizkaia no hubiesen actuado como lo hicieron “podría habérseles reclamado responsabilidades por incumplimiento de los deberes que legalmente tenían asignados”, y ello hubiera supuesto, añaden, incurrir en un delito de “prevaricación administrativa omisiva”.

La sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia, que también absuelve a la Diputación foral como responsable civil subsidiaria, puede recurrirse ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). 

Contra esta sentencia se ha pronunciado vía Twitter la ministra de Igualdad. Irene Montero expresa: “No puedo imaginar el dolor de una madre que protege a sus hijos e hijas de la violencia machista y ve cómo la Justicia le da la espalda. Todo mi apoyo para Irune Costumero. El SAP está prohibido por ley desde junio”.

El hecho de que la ministra haya puesto en duda la sentencia del caso Costumero, no ha gustado en absoluto al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

No esperaba la mInistra de Igualdad darse de bruces con el PNV. Y es que uno de los acusados por la madre de la pequeña, el diputado de Acción Social de Bizkaia, Sergio Murillo es, por tanto, un alto cargo del Gobierno de coalición (PNV y PSE) que dirige la provincia vasca. Y, recordemos, el PNV es, a su vez, clave para el gobierno sociopodemita del que forma parte la señora Montero. No en vano, los votos del Partido Nacionalista Vasco fueron claves en la moción de censura a Mariano Rajoy, y lo siguen siendo en la continuidad del gobierno Sánchez, dado que los nacionalistas vascos han seguido apoyando al presidente a lo largo de su legislatura. Pero, eso podría cambiar...

Por otra parte, al reclamar Montero una vez más justicia femista cabe preguntarse si tal justicia no tendrá que ver con la impunidad que exhibe Podemos con la Justicia. Para muestra un botón, la imagen donde, esta vez la ministra de Asuntos Sociales Ione Belarra, aparece con madres de la Asociación Infancia Libre, entre ellas su presidenta, María Sevilla, condenada a más de dos años por esclavizar a su hijo para que su padre no le viera.