“Desde abril de 1939 acá [julio de 1941] habrán asesinado a medio millón de personas más en paseos y pelotones de ejecución”. Esta fue la primera puja que se hizo en la subasta del número de los fusilados durante el régimen de Franco (1892-1975), poco después de acabar la Guerra Civil. Tal aportación estadística se debe al dirigente comunista Heriberto Quiñones.

Dos años después, en 1943, el secretario general de la UGT, José Rodríguez Vega, en un libro —Impressions of Franco’s Sapin— se refería con cierta imprecisión a los cientos de miles de fusilados, para dejar así libertad de pensamiento a todas las mentalidades, de manera que quien eso leyera si era un fascista pudiera pensar que solo se trataba de 200.000 fusilados y si pertenecía al socialismo o al comunismo se plantara entre los 800.000 o los 900.000; total, que más da fusilado arriba o fusilado abajo…

Gabriel Jackson apostó por la cifra de 200.000 víctimas de la represión franquista. Ramón Tamames se refería a las 105.000 fusilados. Javier Tusell, que no era comunista sino demócrata-cristiano, sostenía que la cifra de los 100.000 era la que más se aproximaba a la verdad…

¿Y los intelectuales, los historiadores profesionales? ¿Qué han calculado? En 1967, Gabriel Jackson apostó por la cifra de 200.000 víctimas de la represión franquista. Ramón Tamames, en sus libros que nos tuvimos que embaular los estudiantes de los años setenta, se refería a las 105.000 fusilados, y con esa cantidad se quedaron muchos de mis compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid, que la han repetido después como loritos en los institutos y colegios de enseñanza media hasta el día de hoy. Javier Tusell, que no era comunista sino demócrata cristiano, sostenía que la cifra de los 100.000 era la que más se aproximaba a la verdad…, pero a la verdad de los demócrata cristianos, que es diferente de la verdad del Evangelio, que es la que nos hace libres.

Y, queridos lectores, se estarán preguntando y con razón, ¿en qué se basaban todos estos enterados para dar semejantes cifras sin despeinarse? Pues en nada, o en el mejor de los casos en documentación nada fiable. En consecuencia, la reciente aparición del libro de Miguel Platón, La represión franquista. Penas de muerte por hechos cometidos durante la Guerra Civil, publicado por la editorial Actas, ha puesto en evidencia a todos los que se han creído que para conocer la historia del Franquismo no es necesario quemarse las pestañas leyendo documentación, que es lo que ha hecho Miguel Platón durante seis años. Por cierto, Miguel Platón ha hecho este trabajo durante un sexenio, los cinco días de la semana  en los que abre un archivo, que está a más cien kilómetros de su casa, lo que redobla su mérito por semejante esfuerzo.

A diferencia de los asesinados en las checas por los socialistas, los comunistas y los anarquistas, que no dejaron documentación de sus “paseos”, de los que fueron ejecutados por el otro bando sí que hay mucha y precisa documentación

En la ciudad de Santa Teresa se encuentra el Archivo General Militar de Ávila, que custodia los 22.337 expedientes de las condenas a muerte que se remitieron a la Jefatura del Estado desde 1939 a 1975. Junto a estos miles de expedientes hay tres grandes Libros-Registros en los que la Asesoría Jurídica ha anotado los nombres de los condenados a muerte, en total 25.003, cifra superior a la de los expedientes, ya que en algunos de expedientes se incluyen a más en un condenado y en algún caso, como afirma Miguel Platón, hasta 21 nombres.

Todos estos expedientes se los ha leído pacientemente Miguel Platón y los ha resumido en una base de datos con 27 campos, que ha puesto generosamente a disposición en la red para todos los que la quieran consultar. Pues bien, la primera conclusión, tras contarlos uno a uno, es que los ejecutados, tras el correspondiente juicio, fueron 15.000.

Son tantas las enseñanzas que se muestran en las páginas de este libro, que resulta imposible enumerarlas en un artículo. Refiramos algunas de ellas. Contra una opinión bastante extendida de que Franco para remediar el aburrimiento del palacio de El Pardo, dedicaba tardes enteras a firmar miles de penas de muerte, de la lectura del libro de Miguel Platón se desprende que Franco no firmó ninguna pena de muerte.

A diferencia de los asesinados en las checas por los socialistas, los comunistas y los anarquistas, que no dejaron documentación de sus “paseos”, de los que fueron ejecutados por el otro bando sí que hay mucha y precisa documentación. Y eso que se lo pregunten a Miguel Platón, pero solo a él, porque en los seis años en los que ha estado trabajando en el Archivo General Militar de Ávila, por allí no ha aparecido nadie, salvo algún espontáneo de higos a brevas para ver algún dato concreto en un rato de la mañana como tiempo máximo de su dedicación.

En cuanto a los presos, Miguel Platón afirma que “ninguno cumplió en su totalidad las penas de prisión que fueron impuestas; tampoco quienes habían visto conmutada la pena capital por la de reclusión perpetua, que equivalía a 30 años. Lo cierto es que no hay un solo caso en que se cumplirá la cuarta parte de la pena (siete años y medio)

En efecto, Franco no firmó ninguna sentencia de pena de muerte porque eso era competencia de los tribunales, según el siguiente proceso de cuatro fases. La primera era la instrucción, que solía durar varias semanas y en algunos casos varios meses. Tras su conclusión se celebraba el Consejo de Guerra, que normalmente duraba un día. Dictada la sentencia, esta se enviaba al auditor de la correspondiente Región militar, para que emitiese un informe, que podía ser favorable o desfavorable con la sentencia. Este informe, revisado por el Capitán General, máxima autoridad judicial de la Región militar, se enviaba a la sección de Asesoría y Justicia del Ministerio del Ejército, donde era examinado todo el expediente por una comisión de tres miembros, para que cada uno redactara su recomendación favorable o desfavorable, los tres informes eran elevados al jefe de la Asesoría, que normalmente lo ratificaba. Y por último el asesor jefe enviaba el expediente al Jefe del Estado para que Franco diese el “enterado”.

El “enterado” es lo que Franco firmaba al final, después de que el expediente pasase por todos los filtros descritos anteriormente. En sus conclusiones, Miguel Platón afirma que un poco menos de la mitad de las sentencias de pena de muerte fueron conmutadas por cadena perpetua, en alguno de los filtros por los que iba pasando el expediente. Y que de todos los 25.000 “enterados” firmados por Franco, solo en 23 ocasiones el Jefe del Estado varió el veredicto final, en nueve casos para ordenar la ejecución y en los otros catorce para conmutar la pena de muerte por prisión.

Y en cuanto a los presos, Miguel Platón afirma que “ninguno cumplió en su totalidad las penas de prisión que fueron impuestas; tampoco quienes habían visto conmutada la pena capital por la de reclusión perpetua, que equivalía a 30 años. Lo cierto es que no hay un solo caso en que se cumplirá la cuarta parte de la pena (siete años y medio)”.

Y recuerda también el autor del libro que estamos comentando que un decreto del 9 de octubre de 1945 concedió “un indulto total a los condenados por delito de rebelión militar y otros cometidos hasta el 1 de abril de 1939”. Este indulto afectaba solo al 10 % de los condenados por delitos de rebelión, pues el restante 90% ya había sido excarcelado. En consecuencia, a finales de 1946, el total de reclusos en España era de 36.370, cifra similar a la que había en febrero de 1936, antes de que estallara la Guerra Civil.

A Miguel Hernández se le conmutó la pena de muerte, “dada la escasa transcendencia de los hechos que se le imputan”, según palabras textuales del expediente

Sin duda, uno de los capítulos más interesantes del libro es el que recoge los comentarios acerca de algunos de los expedientes de personajes conocidos como Cipriano Mera Sanz (1897-1975), Antonio Buero Vallejo (1916-2000) o Cipriano Rivas Cherif (1891-1967).

Entre estos personajes, Miguel Platón se refiere a la condena a muerte de Miguel Hernández (1910-1942), del que en el expediente se puede leer que “se incorporó voluntariamente en los primeros días del Alzamiento Nacional al 5º Regimiento de Milicias, pasando más tarde al Comisariado político de la 1ª Brigada de Choque e interviniendo, entre otros hechos, en la acción contra el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Dedicado a actividades literarias, era miembro activo de la Alianza de Intelectuales, habiendo publicado numerosas poesías y crónicas, y folletos de propaganda revolucionaria y de excitación contra las personas de orden y contra el Movimiento Nacional haciéndose pasar por el poeta de la revolución (el subrayado es del original). Pues bien, a Miguel Hernández se le conmutó la pena de muerte, “dada la escasa transcendencia de los hechos que se le imputan”, según palabras textuales del expediente.

Javier Paredes

Catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá