El problema no es que se trate de una cuestión de solidaridad sino que se trata de un impuesto sobre patrimonio, de suyo injusto. No es un gravamen sobre la renta, ni sobre el consumo, tampoco sobre el beneficio, sino sobre el patrimonio, es decir, aquello sobre lo que ya pagué impuestos cuando lo compré. El impuesto de patrimonio supone pagar varias veces por una misma propiedad, por lo que resulta totalmente confiscatorio.
El recurrente, el Gobierno madrileño de Díaz Ayuso, tenía toda la razón cuando aseguraba que este gravamen retrae la inversión. Por supuesto: ¿para qué me voy a comprar un piso si tengo que estar pagando un impuesto por él durante toda la vida?
En resumen, el impuesto sobre los ricos será todo lo constitucional que se quiera: también los cirus son constitucionales, pero no resultan agradables.
Y otro favor de Conde Pumpido -padre- a Pedro Sánchez.