Esta semana se debate en un pleno que comenzó el martes y terminará el jueves el Tribunal Constitucional la ley socialista sobre la Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, conocida como ley de plazos. Demostrando su independencia, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido que tanto él, como otros tres de sus magistrados, son perfectamente válidos para pronunciarse sobre el recurso contra la ley del aborto aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, que presentó el PP hace 13 años. 

Cinco ex diputados del PP pidieron la recusación de Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel. Motivos no les faltaban: Conde-Pumpido era el fiscal general del Estado cuando el Consejo Fiscal que presidía informó el anteproyecto de ley, Montalbán y Espejel eran vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que informó igualmente el borrador y Campo era secretario de Estado de Justicia durante los años 2009 a 2011. Es más, Espejel solicitó apartarse voluntariamente pero el Pleno rechazó su abstención porque consideran que el criterio expresado en el informe del CGPJ no llegó a elevarse a Moncloa y fue "hace más de 12 años": 

Pero según ha informado el Tribunal Constitucional, el Pleno entiende que estos cinco exdiputados carecen de legitimación a título particular y en su propio nombre para solicitar la recusación. 

Ahora, la Fundación Española de Abogados Cristianos presenta una querella contra Conde-Pumpido, por un presunto delito de prevaricación. La organización de juristas acusa al magistrado de no permitir la abstención de la magistrada, Concepción Espejel, en la deliberación sobre la Ley del Aborto. Denuncia además que Conde-Pumpido tendría que abstenerse de deliberar sobre el aborto puesto que era fiscal general del Estado en el momento de la tramitación de la Ley y ya se pronunció a favor de la misma. Por lo que Abogados Cristianos solicita al Tribunal Supremo medidas cautelarísimas por la vía penal para que suspenda el pleno en el que se delibera sobre el aborto hasta que se esclarezca esta situación.

La imparcialidad de Conde-Pumpido no queda ahí. El magistrado Enrique Arnaldo es el ponente de la sentencia, es decir, el que hizo el borrador, en el mismo, Arnaldo declara parcialmente incostitucional la Ley Aído, concretamente el artículo 17, en sus apartados 2 y 5, que regulan la información previa que recibe la madre y el 19.2 sobre la objeción de conciencia de los sanitarios. Cuando se filtró el sentido del borrador, la maquinaria propragandista del gobierno socio-podemita, corrió a publicar que los jueces progresistas no permitirían ni un retroceso y que avalarían a ley del aborto tal cual estaba redactada. Curioso, se le encarga un borrador a un magistrado, que es el que se encarga de estudiar en profundidad el tema, y antes ni siquiera de que pueda exponerlo y justificarlo, sus compañeros progresistas ya se oponen. Pero todos tranquilos que el Constitucional es un tribunal de garantías.

 

¿Qué ha conseguido Conde-Pumpido con esto? Pues que Arnaldo haya dicho que si su borrador no obtiene un apoyo mayoritario del tribunal, como parece que ocurrirá, él no va a redactar un nuevo borrador. Por lo que le presidente del Constitucional podrá elegir a uno de sus magistrados afines como encargado de redactar un nuevo borrador que sí contará con el apoyo de la mayoría. Se rumorea que será una mujer la que reciba el encargo para dar 'más valor' al texto. 

Pero ojo, la polémica gira en torno al modo en que debe informarse a la mujer y no sobre si el aborto es un asesinato, y sí lo es, porque la vida humana comienza con la fecundación, y el aborto debería ser inconstitucional porque la Constitución dice claramente que "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". Una vez más, la izquierda consiguió centrar el debate durante estos años, y con ello, ha ganado el debate. Lo mismo ocurrirá con la Ley Montero, nos centraremos en las menores que abortan sin consentimiento o en el plazo de reflexión de tres días, mientras tanto, se seguiran asesinando niños.