Andalucía está en campaña, y el candidaro del PSOE a presidir la Junta, sigue dando titulares. Juan Espadas ha defendido que “Andalucía necesita un proyecto renovado y un gobierno capaz y solvente, que genere empleo de verdad en calidad y cantidad”, y los socialistas han hecho “bien” sus “deberes” para “recuperar la confianza perdida” de los andaluces, que ahora “saben cuál es la alternativa a una coalición del PP con la ultraderecha, que es el PSOE-A”.
Algo hay que reconocerle al candidato socialista, la tranquilidad y serenidad de la que hace gala cuando miente es inimitable y, su caradura, incuestionable.
Coincidiendo con la campaña electoral andaluza, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebra a partir de este miércoles la vista pública de los recursos contra la sentencia de los ERE, la mayor trama de corrupción de la historia de España, por la que se condenó a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán, ambos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, siendo investigado el reparto de casi 680 millones de euros durante una década entre empresas en crisis y trabajadores afectados por procesos de reestructuración.
Así, en 2019, la Audiencia de Sevilla condenó a ambos expresidentes, además de a otros 17 ex altos cargos socialistas por delitos de malversación y prevaricación. Ahora, en una sesión que se celebrará entre el miércoles y el jueves, el Supremo analizará los recursos de dicha sentencia. A esto Espadas no ha hecho referencia, por lo que es bueno recordarle al candidato la corrupción de su partido y el legado que dejaron en Andalucía, ese del que hace gala.
José Antonio Griñán está condenado por un delito continuado de prevaricación, con condena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y en concurso medial con un delito continuado de malversación, condenado a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por 20 años. El fallo recogía que "la presupuestación de gastos ficticios", en referencia a la inclusión en el Presupuesto de IFA-IDEA de gastos que no eran suyos sino de la Consejería de Empleo, "evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario, no hubiese sido necesario presupuestar los citados gastos ficticios".
En el caso de Manuel Chaves, su condena es de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación. El fallo señalaba que "como presidente del Consejo de Gobierno aprobó las modificaciones presupuestarias que afectaron al programa 31L, que por su cuantía eran competencia del Consejo de Gobierno, hasta su cese en abril del año 2009", "participó en la aprobación del anteproyecto de Presupuestos y envió el proyecto al Parlamento", y concluye diciendo que lo hizo "conociendo que dentro del programa 31L se consignaba indebidamente la transferencia de financiación al IFA, concepto 440.51 en materia de relaciones laborales".
Y más, según informa ABC, el Gobierno socialista pagaba ayudas para ERE que se heredaban de padres a hijos en Andalucía. Financió con 3,84 millones pensiones vitalicias y prejubilaciones de 38 empleados de Fundiciones Caetano. Hay dos empresarios procesados por las rentas "privilegiadas" que cobraban los herederos en caso de fallecimiento. Sí, una nueva modalidad de ayudas irregulares: las que se traspasan de padres a hijos como una herencia, pero sin pagar el impuesto. Sin duda, como dijo el señor Espadas, el PSOE "acabó con el subdesarrollo y el analfabetismo" en Andalucía.