El consejero de Presidencia, Justicia e Interior del gobierno regional, Enrique López, ha sido el encargado de presentar el nuevo servicio telefónico del 112 Ocupación, que ofrecerá atención de manera inmediata a los propietarios de los inmuebles que se vean afectados por la okupación de sus viviendas. Así, los perjudicados por una okupación en la Comunidad de Madrid tendrán a su disposición con una llamada todos los recursos públicos disponibles de la Administración madrileña.

Con este servicio, se establece una actuación rápida con la activación inmmediata y la tramitación exprés del expediente de recuperación de recuperación de la vivienda, la movilización de las áreas de inspección y sociales y el inicio del Informe Socioeducativo. Una vez recopilada la información de los Servicios Sociales, se procederá a notificar a los Juzgados y se tomarán las medidas pertinentes.

Además, López ha anunciado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tomará medidas, si llega a la Moncloa, para combatir con mayor firmeza la okupación ilegal: "Uno de los objetivos del Gobierno de Feijóo va a ser dotar de instrumentos jurídicos adecuados la protección a la propiedad en un país que cree en la propiedad".

López ha especificado que el Código Penal debe ser modificado, por ejemplo, para que el delito de allanamiento de morada no castigue solo a quien okupa la morada, entendida como vivienda habitual, sino a quien okupe cualquier propiedad privada ajena. Por otro lado, ha señalado la necesidad de elevar las penas a quien cometa un deito de okupación y ha planteado la opción de que un juez pueda expulsar al okupa en un plazo máximo de 72 horas.

Con la puesta en marcha de este teléfono, la Comunidad de Madrid da un nuevo paso para luchar contra la okupación. Hace unas semanas, decíamos que España es el paraíso de los okupas. El IEE ya alerta sobre la "creciente legitimación" y "tolerancia" de la 'okupación'. Y esta no es la primera medida que el ejecutivo regional de Ayuso toma: ya planteó que el 'okupa' "tuviera que acreditar en 48 horas que tiene "un título" para estar en la vivienda, además la CAM ya celebra 'juicios express' contra los 'okupas' y propuso que los okupas puedieran ser desalojados en 48 horas.

Todas estas propuestas son positivas para acabar con la lacra de la okupación, pero se encuentran con un muro que ha construido firmemente el Gobierno social-podemita: la supuesta vulnerabilidad del okupa. Es decir, si el okupa, bien asesorado como ya hemos informado en Hispanidad, se declara en situación de vulnerabilidad, no se le puede tocar. Pedro Sánchez está en plena tramitación de su ley de vivienda comunista, y, mientras tanto, protege al okupa. El Gobierno suspendió los desahucios de los okupas que alegaran "situación de vulneración social" durante el estado de alarma y ha prolongado la suspensión de este tipo de desahucios con su nuevo plan anticrisis.