Parece que el Poder Judicial está despertando ante el ataque al Estado de Derecho que Sánchez está llevando a cabo. Primero, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se ha pronunciado hoy jueves sobre la propuesta de nombramiento de Álvaro García Ortiz para el cargo de fiscal general del Estado, asegurando que García Ortiz es "no idóneo".
Y, después, el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, al no reunir uno de los dos requisitos que se exigen para el cargo, contemplados en el artículo 6 de la Ley Orgánica de dicho órgano.
Sánchez designó a Valerio en octubre de 2022 y según la sentencia de la Sala Tercera, de la que ha sido ponente el presidente, Pablo Lucas, la exministra no cumple con el requisito de "jurista de reconocido prestigio", necesario para presidir el Consejo de Estado.
"El tenor literal del artículo sexto es cristalino -señala la Sala-: son dos las condiciones que debe reunir quien asuma la presidencia de este órgano. No hay excepción, ni matización, ni preferencia de la una sobre la otra. Y la razón de ser de ambas es distinta pero concurrente: asegurar que quien esté al frente del Consejo de Estado reúna la doble cualificación que quiere el legislador. Es decir, prestigio jurídico y conocimiento experto de los asuntos de Estado".
Así, la sentencia subraya que "la notoria y sobresaliente trayectoria de doña Magdalena Valerio -ministra, diputada, consejera, teniente de alcalde, concejal, entre otras responsabilidades públicas- sin duda alguna acredita su profunda experiencia en asuntos de Estado, pero no sirve para tenerla por jurista de reconocido prestigio".
El enfrentamiento entre instituciones continúa. Pedro, ¿cómo lo haces?