El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, han presentado la revista “La necesidad de garantizar la propiedad privada en España como condición para la mejora del mercado del alquiler. Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2021” en la que se analiza cómo está España en materia de derechos de la propiedad, además aprovechan para revisar el proyecto de Ley de Vivienda.

La primera conclusión habla por si sola, España está entre los países de la OCDE que menos respeta la propiedad privada. Así lo reflejan los resultados del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) elaborado por la Property Rights Alliance, y cuyo seguimiento y difusión en España realiza el Instituto de Estudios Económicos, que dan a España la posición 26 de entre los 37 países considerados, estando por debjo de la media de la OCDE y también del promedio de los países de la UE en derechos de propiedad.

Además, el 'think tank' de CEOE ha alertado del "intervencionismo"del Gobierno en la propiedad privada, refiriéndose al uso de la prohibición de los desahucios y a la misma Ley de Vivienda. Sobre el borrador de la nueva norma, el informe es especialmente crítico, "atenta contra el derecho de la propiedad y genera desequilibrios en el mercado del alquiler". Señalando que el control de los alquileres, la discriminación entre pequeños y grandes propietarios y la obligación de que el 30% de las promociones se destinen a viviendas sociales, son normas que no hacen más que generar inseguridad y desequilibrios en el mercado. En esta línea, afirman, el control de precios es ineficaz y "contraproducente", puesto que provocará que la oferta de viviendas en alquiler caiga de forma artificial, perjudicando a las rentas bajas.

En España no se respeta la propiedad privada, el Gobierno no hace más que plantear medidas intervencionistas que son ineficaces y contraproducentes, la fiscalidad es demasiado alta haciendo que se invierta menos y el marco legal de la okupación es cada vez más tolerante con la ilegalidad

Por otro lado, el IEE considera "alarmante" la "creciente legitimación" y "tolerancia" que está adquiriendo en el marco jurídico la okupación,"que supone negar el contenido esencial del legítimo derecho de propiedad y relegarlo frente a lo que no deja de ser una actividad delictiva en la mayor parte de los casos".

"Esta tolerancia de la regulación con el fenómeno de la ocupación ilegal y la vulneración de la propiedad es impropia de una sociedad avanzada y daña, profundamente, nuestro marco institucional, con todas las consecuencias negativas en términos económicos que eso conlleva. Al proteger esta actividad delictiva, España se convierte en un caso único en nuestro entorno comparado", denuncia.

Para la organización la nueva ley de vivienda era una oportunidad para poner coto a la 'okupación', "sin embargo, se trata de una oportunidad perdida, ya que no se han planteado ni desarrollado estas cuestiones en la futura normativa. Es más, en el citado Proyecto de Ley se reconoce el derecho a la suspensión temporal de los desahucios y de otros procesos de recuperación posesoria de la vivienda de hasta cuatro meses de ocupantes, con o sin título".

El IEE en su informe denuncia una alta fiscalidad sobre la propiedad, que provoca que se reduzca "el desarrollo efectivo del derecho de propiedad" lo que "afecta negativamente al uso eficiente de tales recursos, perjudicando la inversión y el ahorro", y advierte de que España "tiene un régimen fiscal más lesivo para la propiedad en términos comparados". 

En resumen, en España no se respeta la propiedad privada, el Gobierno no hace más que plantear medidas intervencionistas que son ineficaces y contraproducentes, la fiscalidad es demasiado alta haciendo que se invierta menos y el marco legal de la okupación es cada vez más tolerante con la ilegalidad.