La diferencia entre el socialismo de 1931 y el Sanchismo de 2021 es sencilla: los republicanos hacían la revolución, que consiste en retar al Estado desde la calle, a ser posible asesinando a cuantos más adversarios mejor. Pero a eso no se atreven el socialismo y el comunismo del siglo XXI. Por eso, el neocomunismo pretende hoy tomar el control del Estado por métodos democráticos y hacer la revolución desde arriba. Eso es el sanchismo.
Ahora bien, para perpetrar tamaña hazaña no sólo hay que cambiar el presente: antes hay que cambiar el pasado, reescribir la historia, que es lo justificará cualquier desafuero presente. Eso es lo que ocurrió en Madrid, ayer martes, con la aprobación por el Consejo de Ministros, en segunda lectura, de la Ley de Memoria Democrática, la nueva aberración de Pedro Sánchez.
El Sanchismo quiere recomenzar la matanza de 1931 pero, como no se atreve, utiliza el democrático poder del Estado para fulminar la democracia, con una gran mentira
El martes, el nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, presentaba en Moncloa, ante un periodismo vigilado y controlado pero, sobre todo, abotargado por la acedia mediática, iniciaba la puesta en escena del gran fraude: la II República fue un régimen democrático e inmaculado. Los milicianos que asesinaron a sacerdotes, religiosos, laicos, a cualquiera que fuera cristiano o de derechas, eran demócratas perseguidos por el fascismo.
El Valle de los Caídos, verdadera obsesión sanchista, no era un lugar religioso de reconciliación entre los difuntos de ambos bandos tras una guerra fratricida, sino un repugnante campo de exterminio fascista. Toda una manipulación histórica, propia del Ministerio de la Verdad del orwelliano 1984, que supura odio a la fe y deseos de venganza. Mientras, la manipulación más grosera de RTVE, nos seguía presentado el debate oficial entre la postura moderada del Gobierno y la exaltada de todos los majaderos que anidan en el Congreso, por ejemplo la CUP o Gabriel Rufián.
La Ley de Memoria Democrática trata de reescribir la historia para justificar la España sanchista. Para ser exactos, socio-comunista
La virtud debe estar justo en medio de las posturas y no olviden que ambas coinciden en el anhelo por escarbar y mover cadáveres de hace 85 años se les queda corto.
Las tiranías siempre cambian el pasado para justificar el presente. Y ahí surge la voz de Ignacio Camuñas, ex ministro de la UCD de Adolfo Suárez y uno de los fundadores -fue quien escribió el primer programa- de Vox. Camuñas ha escandalizado a todo el arco parlamentario al asegurar, ante ese hombre de mente y boca abiertas que es Pablo Casado, que la culpa del alzamiento del 18 de julio la tuvieron los gobiernos homicidas de la II República -eso sí, muy democráticos- y que, por tanto, Franco no dio un golpe de Estado. Bueno, esto último me es un poco igual: lo que sí puedo decir es que, si yo hubiera vivido en 1936 me habría apuntado al bando rebelde, me habría ido con Franco. ¿Cómo no iba a hacerlo si por el simple hecho de entrar en una Iglesia te mataban?
Pues bien, ahora con la ley Calvo-Bolaños te pueden encarcelar simplemente por decir lo que dijo Ignacio Camuñas y que tantos españoles -sobre todo aquellos que han leído algo de historia- piensan.
Los socialistas del PSOE y los comunistas de Podemos no se atreven a hacer la revolución violenta de los milicianos de 1936 (y de 1931). Por eso, ahora pretenden hacerla desde el Estado
En resumen, Ignacio Camuñas se yergue como la voz del sentido común en la España actual: la II República es la culpable de la Guerra Civil: ¡Gran escándalo!
La II República fue una democracia homicida que se dedicó a asesinar cristianos. Franco acogió a los católicos-víctima y, gracias a ellos, ganó la guerra.
Y más: el Sanchismo quiere recomenzar la matanza de 1931 pero, como no se atreve, utiliza el democrático poder del Estado para fulminar la democracia, con una gran mentira desmemoriada.
Y sí: los socialistas del PSOE y los comunistas de Podemos no se atreven a hacer la revolución violenta de los milicianos de 1936 (y de 1931). Por eso, ahora pretenden hacerla desde el Estado. Estamos en ello.