El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha comparecido hoy en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, donde ha dicho que España fue el primer país en pedir las actas electorales de Venezuela: "Promovimos que se hablara de esta cuestión en el Consejo de Ministros de la UE del pasado mes de agosto y pedimos que Edmundo González interviniera telemáticamente. España también pidió abordar este tema en la Cumbre de la OTAN de septiembre”.

"Quiero reiterar ante los bulos que la decisión de Edmundo González de venir a España es libre y suya, tal y como él comunicó. España acogió a Edmundo por razones humanitarias. Yo verifiqué su petición de venir a España y por eso se le acogió en la embajada y se envió un avión. Gracias a este gesto Edmundo González está libre en España y no detenido en Venezuela. Y me duele mucho que el PP no haya pedido perdón 15 días después al Servicio Exterior de España y a los trabajadores de la embajada de España en Caracas”. "Hoy, señores del PP, es el momento de pedir perdón al Servicio Exterior”.

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El ministro de Asuntos Exteriores también ha anunciado que el candidato opositor ha solicitado formalmente asilo político en España, una decisión que "ha sido personal y libre suya”. 

Lo que no ha hecho Albares ha sido reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, lo que sí ha hecho el Congreso español y el Parlamento Europeo. Si la postura de España ha sido siempre ir de la mano con Europa, es decir, adoptar una posición común con Europa, ¿por qué no le reconoce si el Parlamento europeo ya lo ha hecho?

Mientras, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo valorará próximamente (en la sesión de noviembre), a iniciativa del Partido Popular Europeo (PPE), pedir al Tribunal Penal Internacional (TPI) que dicte una orden de captura contra el dictador Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos. 

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Por ejemplo, la dictadura de Nicolás Maduro se dedica a detener a menores de edad, acusándoles de "delitos de terrorismo e incitación al odio”, mandándoles a juicio sin garantías procesales. 

Según la ONG Foro Penal, de los casi 1.900 "presos políticos" en Venezuela, hay 67 adolescentes, con edades de 14 a 17 años, que están siendo torturados por la dictadura chavista para que se declaren «culpables de terrorismo». 

Lo denunciaba el otrora opositor venezolano Henrique Capriles