El Parlamento balear se niega a ceder sus dependencias a la comitiva que la Eurocámara enviará a Mallorca en abril para investigar sobre el terreno el escándalo de los abusos sexuales a menores tuteladas. Un asunto que estalló hace dos años tras conocerse que chicas menores de edad que estaban bajo tutela de la administración pública habían sufrido abusos sexuales por parte de adultos, en ocasiones a cambio de dinero o drogas.

La cámara autonómica, presidida por el socialista Vicenç Thomas, ha denegado por escrito la cesión de una sala donde los miembros de la comitiva del Parlamento Europeo puedan realizar interrogatorios y entrevistas a políticos locales. Entre ellos la de la propia presidenta balear Francina Armengol (PSOE), que fue citada por la misión europea para el próximo martes 12 de abril.

El órgano comunitario que impulsa esta misión de investigación, integrada por políticos de Bruselas de diferentes partidos y con participación activa de PP, Vox y C's, reclamó a mediados del mes pasado al Parlament que le cediera un espacio donde mantener esos encuentros.

A falta de un mes, Thomàs ha enviado una carta en la que comunica la negativa a prestar las dependencias de la cámara legislativa para la labor europea. El escrito de contestación se escuda en la Mesa parlamentaria y dice que «la solicitud no puede ser atendida».

Según El Munodo, el motivo oficial que alega el presidente de la Cámara es que, al ser martes, es un día en el que se celebra un pleno ordinario y que, por tanto, y según «las normas de uso de las salas», no se puede autorizar la cesión para la celebración de actos al mismo tiempo. El Parlament balear ocupa un gran edificio de tres plantas en el casco histórico de Palma y cuenta con un área de oficinas anexas completamente reformadas.

Desde la oposición, Vox denuncia las trabas burocráticas a la misión europea que investiga el caso de menores prostituidas: «han convertido el Parlamento balear en una consejería más del Gobierno de Armengol».

En el documento remitido a Bruselas, el Parlament alega también que no tiene ninguna «certificación acreditativa» del Parlamento Europeo avalando esa comitiva, que fue aprobada por la Comisión de Peticiones. 

Mientras, la Policía sigue con su labor. Hace unos días detuvo a otras tres personas implicadas en una presunta red de explotación sexual de menores tuteladas a cambio de dinero y «alojamiento». En un año ha habido 20 arrestos por hechos de 2018 y 2019. El último detenido tiene 71 años.