Contábamos en Hispanidad que el PSOE ha llamado a declarar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la comisión del Congreso, la madrileña contestaba con pasotismo, por lo que la izquierda atacaba de nuevo y solicitaba investigar si pidió una licencia de obras para reformar el piso de su novio.
Ante el poco eco del asunto, y con la denuncia del novio de Ayuso contra la fiscal jefa provincial del Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal asignado al caso, Julián Salto, por revelación de secretos sobre la mesa, el Fiscal General, García Ortiz, ha respondido: "Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa".
Además, ha tratado de defender la actuación del Ministerio Público: "la comunicación de la Fiscalía no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia procesal alguna en un ulterior procedimiento judicial".
Y ha asegurado que no va a "tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de nuestra institución" y que no piensa "consentir que la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva". A su juicio, el Ministerio Fiscal, "se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios". Algo que como todos sabemos, es la función principal de la Fiscalía, desmentir a los medios, dando información de un ciudadano particular.
Pero para más desfachatez, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha instado a la fiscal que tiene que producirse sobre la querella del novio de Ayuso contra los fiscales a que solicite la inadmisión. Es decir, la número dos de García Ortiz ha solicitado a una subordinada que inadmita una denuncia contra otros fiscales de su cuerda. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso...
Según ha adelantado El Español ha sido en una reunión donde la Fiscalía General del Estado ha asegurado que no ve base para actuar contra los fiscales, por lo que Sánchez Conde ha solicitado a la fiscal del caso que lo inadmita.
Y no sólo eso, sino que ha rechazado por "imprudente" la solicitud de la fiscal del caso, que quería que se realizaran unas averiguaciones previas antes de que el Ministerio Público fijara una posición sobre si se debe admitir o no esta querella. En concreto, quería solicitar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es el encargado de pronunciarse sobre el asunto, solicitara a la Fiscalía las comunicaciones mantenidas por los dos querellados entre sí, con la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y con García Ortiz.
En ese encuentro, la teniente fiscal ha rechazado por “improcedente” la pretensión de la fiscal del caso, que quería que se realizaran unas averiguaciones previas antes de que el Ministerio Público fijara una posición sobre si se debe admitir o no esta querella. En concreto, planeaba pedir que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid -encargado de pronunciarse sobre la misma- solicitara a la Fiscalía las comunicaciones mantenidas por dos querellados entre sí, con la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y con el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Petición muy pertinente por otro lado, porque recordemos que se filtró que Lastra se negó a firmar la filtración de datos del novio de Ayuso.
Estos son los fiscales que nos protegen, con la ley en la mano, salvo que no le caigas bien al fiscal general del Estado.