La Fiscalía de Madrid se ha pronunciado a favor de admitir a trámite la querella por presunta prevaricación que presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado.
Como se recordará, el titular del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga a la mujer del presidente, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Y como la mejor defensa es un buen ataque -debió pensar el presidente-, Sánchez utilizó a la Abogacía General del Estado para denunciar al magistrado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), después de que este le citase a declarar como testigo en el caso de su mujer.
En su escrito, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, dice que fue “arbitraria o injusta” la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar a declarar a Sánchez. En concreto, dice así: “No se puede descartar a priori que los hechos descritos revistan naturaleza penal” debido a que “la resolución puede calificarse como arbitraria e injusta cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor”.
La verdad es que muy raro -nótese la ironía- que el Ministerio Público, cuya última cabeza es el sanchista Álvaro García Ortiz, respalde a Pedro Sánchez...
Y todo esto demuestra que la instruccion judicial debe continuar en manos de los jueces, un cuerpo independiente del Gobierno, y no de los fiscales, un cuerpo dependiente del Gobierno.