Jueves frenético ante la inminente presentación de la ley de amnistía por parte del PSOE. Tras el duro comunicado del miércoles de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de los jueces, el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, anunció este jueves su intención de convocar un pleno extraordinario el lunes 6 (a las 19:00 horas) con el objetivo de emitir una declaración institucional contra la citada ley de amnistía.

Paralelamente, el PP presentó también hoy una reforma del Reglamento del Senado, donde tiene mayoría absoluta, para dar potestad a la Mesa de la Cámara Alta para decidir acerca de la aplicación del procedimiento de urgencia en las proposiciones de ley. Si no se aplicara, podría dilatar la aprobación de la citada ley de aministía hasta dos meses, frente a los 20 días si se aplica el procedimiento de urgencia.

Todo esto sucde 24 horas después de que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -asociación mayoritaria de los jueces, con más de 1.400 magistrados asociados- emitiera ayer un durísimo comunicado contra la ley de amnistía a los delincuentes del procés que ultima Pedro Sánchez con el fugitivo Carles Puigdemont y que va a ser registrada de forma inminente en el Congreso para su tramitación. 

"Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho". El comunicado considera que una ley así "no es admisible en la Constitución Española de 1978", porque choca con sus elementos esenciales, entre ellos la igualdad o la separación de poderes. La asociación ve "inaceptable e inasumible en una democracia plena" que se vaya a tramitar una norma que libre "solo a unos pocos" de sus responsabilidades penales. "Es el principio del fin de nuestra democracia”, añade. 

Merece la pena leerlo íntegramente: 

Por otra parte, ocho vocales del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado a su presidente interino, Vicente Guilarte, la convocatoria de una reunión extraordinaria para mostrar la "preocupación" del máximo órgano de los jueces sobre la amnistía.

Los ocho jueces son Carmen Llombart Pérez, José Antonio Ballestero Pascual, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, José María Macías Castaño, Nuria Díaz Abad y Ángeles Carmona.

Todo ellos señalan: "La declaración del Presidente del Gobierno en funciones justifica que el Consejo General del Poder Judicial emita su opinión mediante una declaración institucional, tanto más cuanto que también se ha hecho público que, pese a que el Gobierno de España se presenta como su promotor, la futura ley de amnistía se tramitará como proposición de ley, con lo que se eludirá, una vez más, la función consultiva de este Consejo en aspectos sobre los que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige su intervención".

"El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España".

"Cualquiera que sea la justificación formal o aparente que se le quiera dar en el preámbulo de la futura ley, su motivación real ya ha quedado expresada, y más allá de la discusión sobre si realmente son constitucionalmente aceptables las amnistías para soslayar la prohibición constitucional de indultos generales, lo que en ningún caso cabe aceptar es una amnistía, y ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la Constitución, con el fundamento real expresado por el presidente del Gobierno en funciones".

El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España

No obstante los comunicados, la pregunta es: ¿qué pueden hacer los jueces para parar este golpe de Estado de Sánchez por la puerta de atrás? ¿Se adivina un choque entre el legislativo-ejecutivo y el poder judicial, este último poder pretendiendo defender la democracia en España? 

Según un artículo publicado en El Mundo el pasado 23 de octubre, "el Gobierno fía la última palabra sobre la futura ley de amnistía al Tribunal Constitucional de mayoría progresista que preside Cándido Conde-Pumpido pero, también, son sabedores de que antes de pasar el filtro de la corte de garantías constitucionales la citada ley debe ser aplicada por el Tribunal Supremo, órgano ante el que se encuentra procesado Puigdemont y que mantiene abierta una ejecutoria a los condenados (e indultados) por el 1-O. La Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena tiene en su mano plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC paralizando la aplicación de la ley (durante meses o incluso años) si considera que ésta choca con la Carta Magna".

En cualquier caso, nunca antes en la historia reciente de España el régimen del 78 se ha visto tan cerca del colapso institucional... por culpa de las tensiones a las que le ha sometido Pedro Sánchez desde que accediese a la primera línea de la política nacional…

Y ejemplos de esas tensiones hay varios: por ejemplo cuando, en diciembre de 2022, el Tribunal Constitucional acordó por una exigua mayoría de sus miembros (6 a 5) paralizar la reforma legal impulsada por los partidos del Gobierno (el PSOE de Sánchez entre ellos) en el Parlamento que pretendían cambiar por la vía exprés el funcionamiento tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Alto Tribunal. 

O cuando, tras las elecciones generales de junio de 2016, en medio de una crisis del PSOE ante  la tesitura de permitir un gobierno alternativo a Mariano Rajoy o abstenerse ante la investidura de este último, Sánchez, contrario a la segunda opción --con su famoso 'no es no' que bloqueó durante semanas la investidura de Rajoy--, se vio forzado a dimitir como secretario general del PSOE. El 29 de octubre de 2016, Pedro Sánchez entregó su acta de diputado, dejando vacante su escaño horas antes a la votación de investidura de Mariano Rajoy. Aunque en junio de 2017 retornó a la secretaría general del partido tras imponerse en primarias a Susana Díaz y a Patxi López.