La ley de amnistía para amnistiar a las personas -muchas de ellas políticos- que delinquieron durante el 'procés' separatista catalán (e incluso antes de esos acontecimientos del 1 de octubre de 2017) prosigue hoy su tramitación en el Congreso. 

Como se sabe, la ley de amnistía es una concesión de Pedro Sánchez a los partidos independentistas como Junts y ERC, que cuentan entre sus filas con algunos de esos políticos que delinquieron, como Carles Puigdemont (líder de Junts, fugado de la justicia española) o la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a cambio de los votos de estos partidos para hacer de nuevo presidente del Gobierno. 

Hoy martes, la ley de amnistía ha pasado por la Comisión de Justicia. Y en este paso, tanto Junts como ERC pretendían aprobar unas enmiendas que incluyesen amnistiar los delitos de terrorismo (por los que están acusados los citados Puigdemont y Rovira, en el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón). Pero a ello se oponía el PSOE. 

Pues bien: Todos los partidos de la coalición gubernamental (esto es, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts per Catalunya y Podemos) han pactado una enmienda para excluir de la ley de amnistía los delitos de terrorismo "siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos". En particular, añade la enmienda, "las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario", recoge Onda Cero. 

Además, esto será así haya o no una sentencia firme. 

Es decir, que han pactado amnistiar el delito de terrorismo durante el 'procés', excepto en el caso citado ("siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos"), que ellos creen que no se ha producido. De esta manera, con esta redacción, creen que tendrán vía libre para aplicar la ley, sobre todo a los doce integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los diez acusados en la causa de 'Tsunami Democrátic' (que instruye el juez Manuel García-Castellón). Y es que Junts asegura: "Todos sabemos que no somos terroristas". 

Ahora, una vez pasado el trámite en la Comisión de Justicia, el siguiente paso será la aprobación definitiva de la ley en el pleno del Congreso, a finales de este mes o comienzos de la siguiente.

(Ayer, por cierto, el Tribunal Supremo preguntó a la Fiscalía que opine sobre si el alto tribunal debe asumir la investigación acerca de un posible delito de terrorismo por parte de Puigdemont en el caso de 'Tsunami', tal y como pidió al Supremo el juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón). 

Ahora bien. ¿Qué puede ocurrir una vez que la amnistía sea aprobada en el Congreso?

Por una parte, está el recorrido en España, que, previo paso por el Senado (donde la mayoría absoluta del PP la ralentizará todo lo que pueda), terminará en el Tribunal Constitucional, el cual la aprobará con toda seguridad, pues el actual Tribunal Constitucional --con su presidente Cándido Conde Pumpido a la cabeza, a quien algunas informaciones señalan como el redactor de la ley de Amnistía-- está a las órdenes de Pedro Sánchez, con sus siete jueces progresistas (o sea, sanchistas) frente a los cuatro conservadores (es muy triste decir esto, pero es la realidad). 

El recurso ante el Tribunal Constitucional puede ser presentado por los propios jueces del Tribunal Supremo que han participado en la causa del 'procés'. También, por cualquier otro juez o tribunal en la misma situación. También los partidos políticos que cuenten con más de 50 diputados: en este caso, solo el PP. Y por último, gobiernos y parlamento autonómicos. 

Y el segundo recorrido que tendrá la ley de amnistía será presentar una 'cuestión prejudicial' ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE), cosa que pueden hacer los jueces del Supremo afectados (los del 'procés') y también los jueces que tengan abiertas causas sobre el procés catalán en estos momentos, según explica EconomistJurist. 

En este sentido, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha redactado una guía para ayudar a estos magistrados a presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE. Jesús Villegas, magistrado y secretario general de la plataforma, ha explicado a EconomistJurist: "La Ley de amnistía prevista para beneficiar a los secesionistas catalanes viola tanto la Constitución española como el Derecho de la Unión Europea. Por tanto, la Plataforma ha elaborado una guía jurídica para que los jueces españoles competentes planteen cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea". 

Y añade Villegas: "En la propia guía damos las razones del porqué plantear esta cuestión prejudicial en lugar de la inconstitucionalidad, porque hay principios del derecho europeo que se violan de forma flagrante y aunque confiamos en los magistrados del Constitucional creemos que en Europa van las cosas de otra manera”. “Nosotros, como país, estamos en un entorno transnacional y europeo y las ilegalidades que se hagan aquí se pagan en Europa”. 

En el caso de que un juez español presente una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la ley de Amnistía, quedarían en suspenso sus efectos hasta que el TJUE la resuelva. 

Sin embargo, el golpista fugado Carles Puigdemont podría pisar España desde el mismo momento en que se publique la ley de amnistía en el BOE, ya que en ese momento las órdenes de detención decaerían, según han asegurado fuentes jurídicas a Libertad Digital. Es decir, que la presentación de una cuestión prejudicial ante el TJUE no significa que el golpista fugado no pueda todavía pisar España. 

Y en este contexto, Vox anunció ayer que presentará una querella por prevaricación contra los miembros de la Mesa del Congreso (Francina Armengol, Gómez de Celis, Esther Gil, Gerardo Pisarello e Isaura Leal) que apoyaron la admisión a trámite de la ley de amnistía ya que "tenían manifiesto conocimiento de la inconstitucionalidad de la amnistía".