Hoy lunes han tenido lugar dos importantes noticias relacionadas con la amnistía que el PSOE quiere aplicar a los delincuentes del ‘procés’, tal y como se comprometió Pedro Sánchez con el fugado de la justicia española Carles Puigdemont para que este le votase como presidente en la sesión de investidura de la semana pasada. 

En primer lugar, que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo contra el propio Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas para que sea el propio Supremo el que investigue a los aforados (el propio Puigdemont) y al diputado del Parlament de Cataluña Rubén Wagensberg. El juez García Castellón —-que investiga a Tsunami Democràtic por su papel en los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del 'procés' independentista catalán en el otoño de 2019— ha argumentado ante el Supremo que para esclarecer los hechos es necesaria la práctica de diligencias de investigación que él no puede practicar por estar aforados los citados Puigdemont y Rubén Wagensberg.

Y la segunda noticia queda tenido lugar ha sido que la Mesa del Congreso de los Diputados —en la que PSOE y Sumar tienen mayoría— ha aprobado hoy la tramitación por la vía de urgencia de la proposición de la ley de amnistía registrada el pasado lunes 13 de noviembre por el propio PSOE en el Congreso

Para ello, han contado con la opinión del letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo (exdirector general de Cooperación Autonómica y Local y después subsecretario en el gabinete del Ministerio de Política Territorial del pasado Gobierno Sánchez), para quien la proposición de 'Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña’ no entra en contradicción "evidente y palmaria" con el ‘artículo 62, letra i'  de la Constitución que impide "autorizar indultos generales", lo que a su juicio sí ocurría en la amnistía que presentaron los independentistas en 2021, por lo que se muestra a favor de su tramitación. Aunque a la vez, admite que el Tribunal Constitucional sí podría encontrar algunos "incumplimientos" según la interpretación que haga en el futuro del texto de la ley. 

Ahora corresponde a la Junta de Portavoces fijar la fecha para el debate de admisión a trámite.

Ante ello, Vox ha anunciado que se querellará este martes contra los letrados del Congreso que han avalado la ley de amnistía.

Una vez superada la tramitación en el Congreso —donde el Gobierno tiene mayoría absoluta— y en el Senado —donde la tiene el PP, pero que a lo sumo podría retrasar su tramitación un tiempo—, ¿qué futuro le espera a la Ley de Amnistía? 

Los jueces españoles podrían plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional español, pero esta vía esta condenada al fracaso, dado que el régimen sanchista controla el Tribunal Constitucional por siete votos a cuatro (entre los sanchistas, los del presidente Cándido Conde Pumpido o el del exministro sanchista Juan Carlos Campo). 

Pero los magistrados españoles también podrían presentar una ‘cuestión prejudicial’ al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), --alegando, por ejemplo, sus dudas ante los delitos de terrorismo y malversación—. En este caso, la amnistía quedaría en suspenso, pues la legislación europea tiene mayor rango que la legislación española, según El Plural. 

No se es consciente de que al tener primacía el derecho la UE sobre el derecho interno, la jurisprudencia de ese propio TJUE hace que los jueces internos puedan inaplicar las leyes que crean contrarias al derecho comunitario

Así, por ejemplo, el vocal del CGPJ José María Macías, entrevistado en esRadio, opinaba que la vía procesal para dejar sin efecto la Ley de Amnistía "existe" y "escapa por completo al control del Gobierno, del Parlamento y es ajena al Tribunal Constitucional. Esa es la vía en la que no hay una posibilidad de manipulación interna". Aunque "el único requisito para que en una situación de contradicción entre el derecho de la UE y el derecho nacional para dejar de aplicar el derecho nacional es que esto esté claro y para que esté claro primero se le pregunta al TJUE". Ante la justicia europea "el Tribunal Supremo tendrá que proporcional una explicación completa y acabada si remitiese ese texto. Si finalmente fuera el que se aprobase, con la justificación que tiene, con una profunda alteración de la verdad según la explicación que se hace en la exposición de motivos". Y remarcó que "es importante que el Tribunal Supremo cuando se dirija al TJUE le explique realmente lo que hay: que esta ley procede de un pacto en el que se estaba hablando de lawfare, que un presidente del Gobierno una semana antes de que esto se presentase en el registro las razones para aprobar la ley eran otras completamente diferentes". 

Por su parte, la catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona Teresa Freixes, también en esRadio, explicaba que según el Tratado de la Unión Europea, “cuando un juez tiene que aplicar una norma interna y piensa que esa norma puede estar en contradicción con el derecho de la Unión plantea la cuestión prejudicial ante el TJUE. Esto es un acto que no necesita de ningún tipo de extralimitación o valentía, es la aplicación normal del Derecho".

"No se es consciente de que al tener primacía el derecho la UE sobre el derecho interno, la jurisprudencia de ese propio TJUE hace que los jueces internos puedan inaplicar las leyes que crean contrarias al derecho comunitario", destacó la catedrática de Derecho Constitucional. Esto no ocurre "sobre las que tengan dudas, que entonces plantean la cuestión, sino no aplicar las normas que sean contrarias al derecho comunitario y esto se hace en múltiples ocasiones en el marco de toda Europa". "Cuando aparece una norma en el derecho comunitario que es contraria a la del derecho interno no hace falta esperar a anular la norma del derecho interno, se puede inaplicar. En España nos cuesta más entrar en esa dinámica porque no existe esa tradición. En Holanda, Bélgica o algunos lugares de Alemania es una práctica habitual porque esa es la naturaleza del derecho comunitario al tener primacía sobre el derecho interno", añadió.