"¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso". ¿Se acuerdan de estas palabras de Pedro Sánchez pronunciadas en una entrevista, ya como presidente del Gobierno?

Son la clave de muchas de las cosas que están pasando en este país. Por ejemplo, que en la Fiscalía General del Estado hay un peón del sanchismo llamado Álvaro García Ortiz que trabaja única y exclusivamente para favorecer políticamente a su jefe, Pedro Sánchez (esa dependencia de la Fiscalía al Gobierno ha sido criticada por Bruselas, por cierto). 

Muchos son los ejemplos de ello. Pero el último se ha producido hoy mismo: la Fiscalía general del Estado ha recusado al magistrado conservador del Tribunal Constitucional (TC), José María Macías -que acaba de ser nombrado magistrado del TC a propuesta del PP, el pasado 6 de septiembre-  para que se aparte de las deliberaciones del máximo órgano de garantías sobre la sobre la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo (TS) contra la ley de amnistía.

La razón que aduce Álvaro García Ortiz es que, siendo vocal del CGPJ, "participó directamente, contribuyendo a ellas y apoyándolas con su voto favorable, en al menos dos actuaciones institucionales en las que dicho órgano se pronunció, de manera oficial y pública". "Primero sobre la constitucionalidad de una ley de amnistía anunciada por el presidente del Gobierno, sin perjuicio de cuál pudiera ser su contenido concreto, y, más tarde, a solicitud del Senado y en el marco legal y formal del proceso legislativo, sobre la constitucionalidad de la proposición de ley orgánica que finalmente sería aprobada”.

Cabe recordar que, en este momento, la composición del TC está formada por 7 magistrados sanchistas y 5 independientes. 

Uno de los sanchistas, Juan Carlos Campo, decidió voluntariamente apartarse de de todos los asuntos relacionados con la ley de amnistía en el TC porque, siendo ministro de Justicia, firmó un informe sobre los indultos a los condenados por el 'procés' en el que opinaba que la amnistía era "claramente inconstitucional". No obstante, la ponencia sobre su abstención la ha asumido el sanchista presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, lo que para algunas fuentes jurídicas supone un escándalo".

Si finalmente Macías es recusado, la mayoría sanchista en el TC para decidir sobre la amnistía sería de 6 (sin el socialista Juan Carlos Campo) a 4 (sin el propio Macías). Y al Gobierno de Pedro Sánchez le interesa políticamente que la amnistía salga adelante para contentar a su ¿socio? Carles Puigdemont…

Cabe recordar también que, de cara a las deliberaciones sobre la amnistía, el PP ha recusado también a los jueces del TC Cándido Conde Pumpido, a la magistrada Inmaculada Montalbán y a María Luisa Balaguer debido a su evidente vinculación con el PSOE. Pero mucho nos tememos que esas tres recusaciones van a quedar en agua de borrajas, precisamente porque Conde Pumpido está --insistimos-- al servicio de su superior.