El Gobierno continúa con su intención de controlar el poder judicial mientras los tribunales investigan los distintos casos de corrupción que acechan a Pedro Sánchez. En este ambiente, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (El Bolas), presentó este martes la reforma del acceso a la carrera judicial, aprobada por el Consejo de Ministros.

El objetivo oficial es promover la igualdad de acceso y aumentar la transparencia, pero el objetivo real es bien distinto: promover la entrada de afines al Gobierno a la carrera judicial y aumentar el control del Gobierno sobre los jueces.

No es ninguna exageración. Entre las medidas incluidas en este anteproyecto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 está el aumento de las plazas del cuarto turno, la vía de entrada a la carrera judicial, sin oposición, que en su día aprobó Felipe González para dar entrada a profesionales afines a la izquierda. Por ejemplo, la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Concretamente, la reforma establece que de cuatro nuevas plazas que se convoquen, una sea cubierta por el cuarto turno.

Y por si alguien tenía dudas sobre las intenciones del Gobierno, se amplía el cuarto turno a la carrera fiscal.

El texto también reforma el Comité de Ética del CGPJ, que tiene su importancia. Actualmente está formado por 7 miembros, todos jueces menos uno que, se supone, es un experto de reconocido prestigio. A partir de esta reforma, serán 9 miembros, de los cuales cinco serán jueces elegidos por los jueces y los cuatro restantes, catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral, elegidos por las Cortes Generales.

Para culminar la estocada a la independencia judicial, el texto acelera la renovación de las Salas de Gobierno de los principales tribunales que últimamente están demostrando una excesiva independencia de Moncloa. Así, en lugar de renovarse cada cinco años, lo harán cada tres: cuanta más rotación, más oportunidades de colocar a los nuestros.

También es importante que la reforma limita la financiación de las asociaciones judiciales: sólo se podrán recibir cuotas de los asociados y financiación pública. Nada de dinero privada. En cualquier caso, el problema, más que de financiación de las asociaciones, es de los jueces en particular, que sólo pueden cobrar de su ejercicio como jueces, de tal manera que no tienen permitido dar clase o asesorar. Sólo tienen una vía de ingresos alternativa a la carrera judicial: impartir conferencias. La reforma no habla de ello.