Feijóo acepta que pactará el reparto de inmigrantes con Sánchez... y Abascal amenaza con romper los gobiernos con el PP, ¿a que no?

Canarias, Ceuta y Melilla viven una situación insostenible en sus territorios a causa de la inmigración. Ahora mismo la presión está puesta sobre Canarias, en concreto sobre la isla del Hierro, a la que a diario llegan cayucos cargados. Pero en toda España se vive un clima de violencia y una sospecha generalizada de la relación que este hecho tiene con los inmigrantes ilegales. Pese a la negación sistemática del Gobierno, los progres y los medios afines a Moncloa.

Para atajar el problema, Moncloa envió a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a Canarias, y allí garantizó, no que fueran a solucionar esta situación, sino una norma legal para impulsar la distribución obligatoria de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. ¡Toma ya!

Se activará cada vez que una comunidad autónoma supere en un 150% su capacidad de acogida de menores migrantes. La reubicación se hará teniendo en cuenta una combinación de criterios como la renta, el desempleo y el número de menores ya acogidos, un modelo que ya habían aprobado las comunidades autónomas para repartos voluntarios y pequeños. La nueva medida, pensada para aliviar a Canarias, Ceuta y Melilla en situaciones de emergencia, viene acompañada de una dotación económica -inicialmente eran 125 millones de euros- a repartir entre los territorios acogedores. 

En plenas negociaciones del reparto, el portavoz popular, Borja Sémper, ha criticado el plan por ser "extremadamente frívolo" porque trata a los menas como "paquetería exprés". 

A "estos menores" no se les puede "enviar como un paquete a cualquier punto de España en el que no hay capacidad ni para acogerlos ni para darles las condiciones humanas suficientes". 

Después de esta crítica de la que aún se están riendo en Moncloa, Sémper deja caer la aceptación del reparto, destacando la importancia de hacer pero evitando la "sobresaturación" y que "provoque problemas de orden público". 

Eso sí, ha pedido explicaciones al Gobierno: "tiene que decirnos qué está haciendo en los lugares de origen, qué está haciendo en Mauritania, por ejemplo, para evitar que las mafias hagan su agosto, nos tiene que decir que está haciendo también con la Unión Europea", "¿Qué gestión está haciendo el señor Albares en Europa para que Frontex actúe, por ejemplo, en el control de las aguas internacionales?".

Sémper ha lamentado que Sánchez "no está haciendo nada", y ha pedido garantías para el pacto: "¿Con qué garantías van a poder hacerlo, con qué recursos materiales y con qué recursos económicos?". Todo para terminar reconociendo que los presidentes de las autonomías donde gobierna el PP "están absolutamente dispuestos, como lo han estado en el pasado, a acoger menores no acompañados". 

El líder de los populares ha ido en la misma línea, y como ya hizo con la renovación del CGPJ, pide garantías al PSOE, para llegar a un acuerdo. La realidad es que, tal y como pasó con el CGPJ, pactarán sin garantías.

Algo que no ha gustado a Vox. Abascal ha asegurado que considerará "rotos" los gobiernos autonómicos con el PP, si cede al reparto de menas: "No vamos a ser cómplices de las violaciones, robos y machetazos".  

Pero claro, fuentes de Vox consultadas por Ok diario reconocen que el partido aceptará los repartos impuestos por el Gobierno, pero no a los que los gobiernos regionales accedan de manera voluntaria y sin resistencia. Es decir, que si el PP dice que no pero no acepta, oponiendo resistencia relativa, Vox también aceptará y no romperá nada. 

En resumen, el PSOE hará su reparto, el PP tragará en pos del progresismo y el buenismo, mientras Abascal amenaza: si Feijóo acepta, los pactos PP-Vox, se rompen, ¿a que no?